Hacienda promete cubrir el 50% de la factura de la dependencia a País Vasco y crispa a la Xunta
La Xunta promete tomar "todas as medidas" a su "alcance" para forzar al Gobierno central a cumplir con la ley de dependencia y financiar la mitad de la factura. Lo anunció la conselleira de Política Social, Fabiola García, que desveló que el Gobierno gallego tuvo conocimiento este martes del contenido del acta de la última reunión bilateral entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco la cual la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "comprométese a financiar o 50% do custo" de esta cobertura "pero só" para Euskadi.
El extracto del documento —que da cuenta de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada el 10 de abril y que este martes también denunció la Junta de Andalucía— recoge que la financiación a cargo de la Administración central "alcanzará anualmente el 50% del gasto total que las administraciones vascas certifican" al Imserso por la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad) en lo que concierne a los "conceptos" que acuerde el grupo de trabajo que ambos gobiernos crearán.
Este equipo se encargará de "analizar los gastos" y de acordar la metodología que se aplicará para desarrollar la financiación complementaria del Saad y su aplicación gradual en esta legislatura. Dos integrantes de cada administración —del área de Hacienda y de la responsable de coordinar las políticas de dependencia— conformarán este grupo.
Convencida de que con este proceder el Ejecutivo de Pedro Sánchez "dá un novo paso á hora de establecer comunidades de primeira categoría e comunidades de segunda", García recordó que la Xunta lleva ya "moitos anos reclamando" a la Moncloa que cumpla con lo que fija la norma que, recalcó, indica que la factura ha de afrontarse "a partes iguais".
La conselleira critica que el ministerio solo cubrió el 34% del coste en 2024
En este punto, la conselleira afeó al Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, que en lugar de aumentar los recursos que destina a Galicia los recortara en 2024. Reiteró que si en 2023 el Estado corrió "co 40%" del coste, el año pasado esa proporción se redujo al 34,9%, con una deuda acumulada que la Xunta cifra en 2.500 millones.
Ante una situación de "infrafinanciamento" que, a juicio de la conselleira, refleja que el Ejecutivo de PSOE y Sumar facilita recursos "de xeito desigual" a las comunidades dependiendo de "onde gobernen os seus socios parlamentarios", situando a los vascos como "dependentes de primeira categoría", mientras los gallegos se ven relegados "á segunda", García advierte que la Xunta pasará a la acción.
"Os galegos non queremos ser máis que ninguén pero dende logo que non imos aceptar nunca ser menos. Imos tomar todas as medidas ao noso alcance para reverter esta inxustiza", indicó García. Después de trasladar sus reivindicaciones al ministro Bustinduy en diciembre, el 11 de mayo la conselleira reiteró la demanda de financiación a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, con la que se reunió en Santiago para abordar las modificaciones de la ley de dependencia y discapacidad.