Incluso "afloran discursos en el sentido de demandar que el Pazo de Meirás no sea una posesión de la familia Franco sino del Estado" y surgen "movimientos sociales que se visibilizan en alguna manifestación", que no van a más porque "no era posible" acceder a documentación que lo avalara y "en ese momento la prioridad era construir un Estado democrático".
Preguntados por la escritura que recogía la forma de transmisión del pazo, señala Pérez que el hallazgo de un documento de 1938 confirma su tesis de que la escritura de 1941 "no era en todo caso la primera" y que "la fórmula que se le da, el importe, etcétera no coincidía con otra documentación previa". "Sabíamos que había algún tipo de acuerdo, ya se manifiesta en 1938", asegura.
La Abogacía del Estado asegura que este acta notarial de 1938 confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de ese año por la "Junta pro Pazo del Caudillo" por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.
Se trata de una escritura anterior a la que tres años después, en 1941 y acabada la guerra, firmó Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una segunda compraventa que, según la Abogacía del Estado, fue ficticia y permitió al dictador la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Esta Junta pro Pazo del Caudillo pretendía ofrecer a Franco una residencia de verano en A Coruña "para tener cerca la residencia oficial de verano del jefe del Estado, con todo lo que ello implicaba", detalla Pérez, que podían ser "una serie de beneficios, la promoción de determinadas personas a nivel político, social y económico". Dicho ofrecimiento se hizo "en su condición de jefe del Estado", ha recalcado, y "cuando Franco asume ese donativo lo hace en calidad de jefe del Estado".
La Junta sería la encargada de captar fondos para realizar esa adquisición y posterior ofrecimiento al dictador, y para ello se lleva a cabo una suscripción popular para recaudar fondos en 1938. "No había lugar a la negativa", ha subrayado Carlos Babío, que advierte de que "hay múltiples medidas represivas".
Los investigadores, que han hablado de una "lista negra" conformada por aquellas personas reticentes al donativo, han detallado que la cantidad a aportar para adquirir y reformar el pazo se prorrateó entre todos los municipios de la provincia de A Coruña y que se crearon comisiones para recaudar fondos e incluso "la misión era visitar casa por casa".
Un vecino de Sada recibió una sanción por rechazar este tipo de mecanismos de recaudación, abundan los investigadores, que recabaron documentación de archivos a partir de 2010, antes "no fue posible", de instituciones como la Comandancia de Obras, por lo que comenzaron a reconstruir el proceso con información de los Ayuntamientos de Carballo, Sada y otros de la provincia coruñesa, si bien la documentación sobre el pazo se encuentra en el fondo de Casa Civil, precisa Babío. Sin embargo, la suscripción popular fue un "fracaso", por lo que las cantidades "se suplían y asignaban a los ayuntamientos".
Otra modalidad de financiación fue detraer un determinado importe de las nóminas de los funcionarios, "está socializado en la memoria colectiva de la ciudad de A Coruña y de la provincia", dice Babío, "eso es así, hay múltiples testimonios y es relativamente fácil encontrar personas que lo cuenten", incluso hay recibos pero al no estar reguladas hay "pocos documentos" en fondos del Gobierno Civil.
Un informe crítico de un teniente coronel anónimo, por encargo de la Falange sobre el estado en el que se encuentran las estructuras de la organización en las provincias de Lugo y A Coruña, cifró en algo más de un millón de pesetas lo recaudado, dato que no han podido contrastar.
El teniente coronel sostiene que se recauda menos de lo previsto y que el gasto se dispara pero "no por el coste de adquirir el edificio sino por los gastos de reforma" con las sucesivas ampliaciones del terreno intramuros y en los alrededores, como las obras de la carretera que implicaron "expropiaciones".
Carlos Babío ha reconocido su deseo de que el Pazo de Meirás sea patrimonio público, un interés compartido por Manuel Pérez no a nivel personal "sino profesional, desde el punto de vista de la historia en este asunto".
