Protección al menor urge a la Xunta a ejecutar las sentencias que le obligan a solucionar su "precariedade"
El colectivo de técnicos de protección a la infancia y la adolescencia de la Xunta reclaman al Gobierno gallego "a execución forzosa das resolucións" en las que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "recoñoceulles" su "dereito" a que "revise a valoración dos seus postos" tras padecer "anos de precariedade" que han derivado en un "éxodo" de estos trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos y educadores hacia otros destinos de la Administración autonómica.
En un comunicado, los técnicos exigen a la Xunta asuma su "responsabilidade" de dotar al sistema gallego de protección al menor "da estabilidade e especialización necesarias" para "garantir unha atención de calidade" a los niños y adolescentes "máis vulnerables" y a sus familias.
Un paso que sugieren dar comenzando "por cumprir as sentencias xudiciais" que hasta ahora "desatendeu" en lo que consideran un "desinterese" por este servicio, en el que consta una "sobrecarga" denunciada "reiteradamente" sin lograr "unha resposta efectiva", el "agravio" de "ter recoñecidos catro niveis menos que outros destinos" con "menor risco e responsabilidade", o que "non se remuneren nin compensen as horas extraordinarias".
Todo ello deriva, resumen, "nunha desigualdade salarial" que creen "inxusta".
Afecta a la calidad del servicio
El colectivo explica que las consecuencias de esta "precariedade", sumada a la "enorme complexidade" del trabajo que desempeñan, "esencial para garantir os dereitos da infancia" y por tanto "con funcións cun alto grado de responsabilidade", una "forte carga emocional" y "en ocasións" un "risco para a propia seguridade", se ha ido manifestando en una "continua rotación" de los técnicos, ya que, "cada vez que xorde unha oportunidade, a maior parte abandona".
Así, lamenta que "resulta imposible consolidar experiencia e especialización por falta de tempo, repercutindo na calidade da protección proporcionada aos menores".
Estos equipos se encargan, entre otros, de la protección de menores en grave riesgo o desamparo por abandono, maltrato, negligencia o abuso; el seguimiento e intervención con los menores internados en centros; el trabajo con sus familias para posibilitar reintegrarlos en el hogar; la propuesta de adopción en caso de que no sea posible que este retorno; la valoración de las familias adoptantes y de acogidas; la tramitación y apoyo en los procesos de acogimiento familiar y la integración de los jóvenes en las familias adoptantes; la suspensión, de ser preciso, de las visitas familiares; el apoyo de los menores tutelados en su proceso de emancipación, o la ejecución de las medidas penales que les impongan los juzgados de menores.