La Xunta eleva la apuesta para 2030 a 10.000 viviendas públicas
Acabar la década con un parque público integrado por 10.000 viviendas. Es la meta central del II Pacto de Vivenda de Galicia refrendado este lunes por el Consello da Xunta tras su aprobación "por unanimidade" por las patronales de promotores, constructores, organizaciones de consumidores y cooperativistas, colegios de arquitectos, aparejadores, administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria y por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Redoblar la apuesta para sumar 2.000 pisos a los 8.000 con los que se ha propuesto acabar la legislatura en 2028 implicará, según avanzó el presidente, Alfonso Rueda, invertir 2.000 millones de fondos públicos entre este año y 2030. De este total, 1.630 millones serán recursos propios de la Xunta, a los que se sumarán 241 del Estado y 100 millones de la UE. Y la previsión es "mobilizar" otros 5.000 millones de empresas y particulares. Porque, la Xunta tiene "o convencemento de que cumprir este obxectivo é tarefa de todos: dos cidadáns, do sector privado e do público", declaró Rueda.
La iniciativa, que pivota sobre la reedición de medidas en marcha y que comprende alguna novedad, marca "unha folla de ruta moi clara" en palabras de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que ve posible que sirva de catalizador para mantener o crear hasta 60.000 empleos.
En esencia, el II Pacto de Vivenda se sustancia en cuatro líneas estratégicas que pivotan sobre la construcción, la rehabilitación, el desarrollo de suelo y una simplificación de la burocracia.
Un plan con cuatro ejes
La primera pata del plan busca allanar el acceso a un techo a través de la promoción pública de viviendas que tendrán calificación permanente como protegidas; la construcción de pisos de protección autonómica por promotores privados y cooperativistas; la concesión de crédito a interés cero a los concellos y facilidades a la edificación libre. A esto se suman los incentivos para allanar el alquiler y las compras, con novedades como un bono alquiler que se convocará con Provivenda, Cáritas y Cruz Vermella.
Para ampliar el parque público, a la obra nueva se sumará la compra de pisos protegidos a particulares por parte de la Xunta para proceder a una nueva adjudicación en régimen de venta o alquiler, la adquisición de locales comerciales en desuso —siguiendo el plan piloto que se testa en Ourense— y la construcción de alojamientos compartidos para menores de 36 años, entre otras medidas.
El segundo eje pivota sobre la rehabilitación impulsada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, los concellos y por particulares.
El desarrollo de suelo residencial como primer paso para la edificación de 25.000 pisos —20.000 protegidos— es el tercer pilar con la colaboración con los concellos para que cedan parcelas como puntal.
Con carácter transversal, el cuarto eje pasa por impulsar "as modificacións normativas necesarias" para agilizar la concesión de licencias, además de primar la construcción industrializada.
A mayores, el plan incluye un apartado de medidas enfocadas a allanar el acceso a un techo a los jóvenes, como los alojamientos compartidos o la reserva para menores de 36 años del 40% de las nuevas viviendas públicas en alquiler y del 25% de la oferta en venta.
"O obxectivo é garantir o acceso a unha vivenda, combinando máis oferta, tanto pública, como protexida, como por libre", recalcó la conselleira, que incidió en que con ello la Xunta "continúa traballando por esa Galicia Calidade".