Cinco urbes gallegas se exponen a perder fondos si no activan su zona de bajas emisiones

Solo Pontevedra y A Coruña tienen aprobada una zona de bajas emisiones (ZBE) en su trazado urbano. Por ello, aunque "no hay régimen sancionador" que prevea un castigo para la demora que acumula la implantación de estas áreas, Lugo, Santiago, Vigo, Ourense y Ferrol "se exponen a pérdida de fondos" de no activar definitivamente sus proyectos, ratifican fuentes el Ministerio de Transición Ecológica.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, obligaba a las siete ciudades gallegas, por superar los 50.000 habitantes, a establecer una ZBE donde se restrinja la circulación y el estacionamiento de vehículos a fin de mejorar la calidad del aire y mitigar los gases de efecto invernadero. El mandato es que estuvieran implantadas el 1 de enero de 2023. Algunos municipios apelaron a una prórroga de 18 meses que, sostenían, consiente el decreto. Aun así, esta concluyó el pasado 1 de junio y, hoy, apenas Pontevedra y A Coruña entran en plazo.

Vencida esa prórroga, el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, avisó que tener una ZBE operativa en 2025 era condición indispensable para "acceder a ayudas del Gobierno para el transporte público". El Ejecutivo trata de espolear a los ayuntamientos mediante amenazas más bien difusas. Porque más allá de eso, nada.

"No hemos recibido sanción alguna", aseguran desde el Concello de Ferrol, que es precisamente el que más lejos está de sacar adelante su propuesta: en el ministerio figura aún como "pendiente" de presentar. Las otras cuatro van un paso más adelante, ya "en tramitación".

 
El gobierno que encabeza José Manuel Rey Varela alega que, a su llegada tras las municipales de 2023, "no se había hecho nada" para avanzar en su desarrollo, que ahora tratarán de impulsar a través de la Agenda Urbana 2030 recién aprobada, de la saldrá el plan de movilidad y la ordenanza de estacionamiento para "dar respuesta a las necesidades" de su ZBE.

Zonas de facto

La guía común del ministerio indica que las prohibiciones o restricciones de acceso deben afectar "prioritariamente" a los vehículos "con más potencial contaminante" –el que no cabe entre las etiquetas cero y B de la DGT–, salvo excepciones justificadas –vehículos de servicios públicos básicos, de emergencias, de retirada de basura o incluso de reparto–, y los ciudadanos han de acatarlas so pena de cometer una infracción grave de la ley de tráfico.

Pero cada ayuntamiento tiene margen de acción para aplicar esta iniciativa para la que se habilitaron más de 1.500 millones de fondos europeos.

 
Pontevedra, por ejemplo, partía con ventaja e hizo valer su modelo de peatonalizaciones –que prevé ampliar a medio y largo plazo– cambiando de sentido algunas calles para afinar la movilidad y suprimiendo aparcamientos. 

Otras aprovechan sus ZBE de facto. Santiago utilizará la Cidade Vella, con restricciones de tráfico ya aprobadas y que, en el fondo, nada cambian de lo que ya hay. Queda aún una ordenanza reguladora con incentivos y sanciones, y se instalarán sensores que midan la calidad del aire y permitan tomar medidas de corrección en tiempo real. El Concello compostelano anunció que todo estará a punto el próximo verano.

También Lugo la circunscribirá a su casco histórico por una razón de oportunidad: la muralla hace de frontera y todo el área será peatonal en cuanto terminen las obras que se llevan a cabo desde hace meses y se apruebe una nueva ordenanza de circulación que regule los cambios.

Desde primavera dispone del estudio de su ZBE, que incluye el análisis de impacto económico, un documento clave: en otras ciudades no se ha elaborado, o no con el suficiente detalle, y la consecuencia ha sido la anulación de la propuesta, como en Gijón y Madrid. Además, el Gobierno ha deslizado que está estudiando otras limitaciones o retiradas de fondos para aquellas zonas donde sea un texto vacío, sin consecuencias reales o sin la suficiente ambición. 

Las ZBE también deben contar con sistemas de control. En Lugo habrá cámaras de lectura de matrículas –que llevan años instaladas pero sin uso–. Así se vigilará que solo accedan a ella residentes, usuarios de garaje, clientes de aparcamientos públicos, servicios públicos y repartidores de mercancías, con independencia de la categoría ambiental, más la excepción de las furgonetas y los camiones pequeños –para los industriales de grandes dimensiones, como de mudanzas, obras o transporte, se baraja una moratoria–.

 
A este respecto, Vigo cuenta con más de 5 millones de fondos europeos para la instalación del dispositivo de información y control, que prevé tener listo antes de que acabe el año para rematar "en plazo".

Y aún este octubre en A Coruña se seguían instalando paneles informativos y cámaras que vigilaran que, según lo aprobado en enero de 2023, en La Marina y Cidade Vella se cumple una restricción que es "para todos los vehículos, salvo transporte público y garajes", subrayan fuentes municipales.

"Es un buen punto de partida, pero dista mucho ser un punto de llegada"

Un acuerdo de mínimos que, además, conviene revisar para que no derive en tintes clasistas. Así es la valoración de Ecoloxistas en Acción sobre unas zonas de bajas emisiones que insiste en que esta no son una meta, sino un nuevo punto de salida para seguir avanzando en la remodelación 
de la ordenación urbanística.

"Dista mucho de ser un punto de llegada, pero sí es un buen punto de partida porque están legisladas y hay obligación de aplicarlas", explica Cristóbal López, que confía en que "al menos se cumpla eso", los mínimos comunes sobre los que, con todo, cada concello "tiene bastante margen". De ahí que la organización prefiera reservarse la evaluación de cada una de ellas hasta que estén definitivamente en marcha.

Por ahora, esta "es la única vía que vemos para empezar a hacer cosas", admite López. "Es lo único que está encima de la mesa con algo de fuerza para que se empiece a rediseñar las ciudades y abrirlas al peatón y a poder respirar aire", sobre todo teniendo en cuenta que "las medidas en contra del coche son muy impopulares" y "hay que hacer mucha pedagogía" para que se acepten. Además, recalca que estas deben implantarse "sin que la gente con menos recursos quede fuera", dice en alusión a aspectos como permitir solo la circulación de coches eléctricos, "que no son accesibles para todo el mundo".

Para Ecoloxistas en Acción el modelo a seguir es Pontevedra: "Peatonalizar" la ciudad, que "esté diseñada para andar" o como mucho para moverse en bus urbano, con aparcamientos disuasorios en las afueras. "Que todas las zonas céntricas se puedan recuperar como parte social" y "haya vida en los barrios" y "vuelva a haber comercios de proximidad", dando "un paso atrás en el urbanismo de ciudades dormitorio donde por las calles solo pasan coches".