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Todos contra Alcoa

Pasar de las palabras a los hechos es más que improbable en la crisis de San Cibrao
Protesta de Alcoa. JOSÉ Mª ÁLVEZ
photo_camera Protesta de Alcoa. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Los directivos de Alcoa están probando una medicina que conocen bien. Es la que lleva grabado en su contraetiqueta el relato del miedo al que tantas veces han recurrido en los últimos años, en la antesala de las subastas de interrumpibilidad, cuando advertían de la continuidad de las plantas si no recibían los megavatios que solicitaban en las pujas. Cada año igual. Subiendo el tono en cada convocatoria.

En síntesis, la injustificable negativa a la venta de la planta de aluminio de San Cibrao solo puede responder a dos razones: quiere rascar más por la operación, ya sean menores costes por el traspaso o más garantías, o no tiene ningún interés en que un competidor directo, que no deja de comprar fábricas de aluminio en Europa, se plante a las puertas de su casa, aunque sea como cliente. Y sobre ese sustrato, cuando quedan menos de quince días para que se ejecuten los despidos, y por tanto, todavía un mínimo margen, hay que situar la contienda. Porque la guerra es total.

Ese jarabe que está probando ahora Alcoa es fruto de una prescripción conjunta, que llega desde varios frentes y tiene el mismo objetivo: elevar la presión y temperatura, en esta ocasión hasta límites insólitos, para que acepte la operación planteada por Liberty House. En este asunto, pasar de las palabras a los hechos es más que improbable en la crisis de San Cibrao. Por muy graves y enfáticas que sean las advertencias. Veamos.

Son muy pocas las puertas que se pueden abrir una vez desbaratada por la multinacional la opción real de que la fábrica de aluminio, incluso con opciones sobre la de alúmina, pasase al sector público, que fue la oferta realizada a última hora por la Sepi, su antigua propietaria cuando era el Ini. Solo queda la marcha atrás en este asunto. Y ese tipo de decisiones se suelen enmarcan en un proceso negociador, que no parece el caso.

Es tal la intensidad de las amenazas a la multinacional que, por momentos, de ejecutar algunas de las advertencias, nos trasladaríamos súbitamente de una economía de libre mercado, como es la nuestra, a una centralizada, más propia de un régimen chavista. España nacionalizó Rumasa en su día, cierto, también cajas y bancos durante la crisis. Pero apuntar directamente a un proceso de expropiación, como el planteado por la ministra Yolanda Díaz, aludiendo incluso a la participación de la Xunta, semeja poco realista. Seamos francos, al tratarse además de un grupo con sede en EE UU, el mensaje que se lanzaría con una expropiación tendría un coste internacional muy difícil de asumir, además de un casi seguro conflicto diplomático.

Las otras opciones puestas sobre la mesa también se pueden quedar en el limbo del matonismo. La devolución de las multimillonarias ayudas recibidas, por ejemplo, a través de las subastas de interrumpibilidad, es de dudosa verosimilitud, porque esos contratos fijaban una contrapartida que se hizo efectiva, en este caso a través de la prestación de un servicio como era el compromiso para desengancharse de la red si lo requerían problemas de demanda eléctrica.

En esta otra subasta de amenazas para tocar la cara a Alcoa hay más. El Gobierno ha deslizado que baraja seriamente la posibilidad de revisar acuerdos pretéritos alcanzados por la multinacional con Hacienda. Y es que Alcoa lidió con una reclamación de 240 millones por el pago del impuesto de sociedades que logró rebajar en 2018 a 50 millones. Abonó ciertas anualidades del tributo, pero pactó con el fisco la regularización de otros años que habían estado sujetos a inspección. Misma mecánica. De cumplirse la amenaza, el Gobierno se colocaría a un paso de la prevaricación. Así de simple si consideramos a España un Estado de Derecho.

¿Queda más munición? Seguro, porque todavía hay un hilo de esperanza mientras no se paren las cubas. Y en esa estrategia se deben enmarcar todas las amenazas de esta semana, que son gruesas incluso desde San Caetano. En esta crisis calla Liberty, el comprador, pero habla con hechos, desembarcando en España con alianzas para garantizarse fuentes de suministro con energía alternativa, como la firmada esta semana. Toda una señal. Y positiva.

El calendario es el último enemigo del grupo norteamericano. La concesión del puerto de San Cibrao que utiliza en exclusiva expira en 2023. Y la vida útil de la balsa de lodos rojos, apenas unos años después. En cierta medida, Alcoa ya se ha ido. A qué espera.

El foro vip de A Toxa encaja las primeras críticas

Muchas caras conocidas, y también repetidas, en la segunda edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que organiza en A Toxa el empresario Amancio López. Patadas a la toponimia al margen, el encuentro es en cierta medida un poco más de lo mismo que el año pasado, pero el chantadino y su equipo, con Josep Piqué al frente, han logrado poner de nuevo Galicia en el mapa. ¿La chicha del encuentro? Pues una cita monográfica de lo que será la nueva realidad que nos deja el covid-19, pero vista solo desde el prisma empresarial y político. Presidentes y expresidentes, y muy pocas mujeres entre los ponentes… El encuentro genera las primeras críticas, algunas fundadas. Habrá que afinar para la próxima cita.

Abanca compra Bankoa y sigue el baile a su ritmo

Abanca consuma otro golpe, esta vez modesto, pero indicativo del ritmo que quiere imprimir Juan Carlos Escotet al crecimiento «en mancha» geográfica de la entidad con sede en Galicia. Esta vez ha caído Bankoa, con base en San Sebastián, que viene a ser el negocio minorista de Crédit Agricole en España. Entra así Abanca en una comunidad próspera como pocas, el País Vasco, un mercado difícil también que aporta 1.788 millones de inversión crediticia y un pasivo de 1.575 millones al negocio del que es ya el sexto banco de España por activos. Abanca sigue el baile de las fusiones a su aire, con un exceso de capital. Escotet no llegará a la próxima fusión diciendo lo que hay que hacer, sino lo que ha hecho.