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El lujo de tener techo

No hay hipotecas y alquileres al alcance de todos los bolsillos en una Galicia donde el sueldo medio es de 1.695 euros brutos
Una vivienda cuelga el cartel de 'se alquila'. AEP
photo_camera Una vivienda cuelga el cartel de 'se alquila'. AEP

EL COMÚN de los mortales nos pasamos gran parte de nuestra vida trabajando para tener un techo bajo el que vivir. Salvo que hayamos nacido en el seno de una familia pudiente, con un piso o una casa ya bajo el brazo, heredemos una propiedad, tengamos un sueldo muy por encima de la media o nos toque la lotería, tener una vivienda propia, o incluso acceder a un alquiler en condiciones dignas, no está hoy al alcance de todos.

En una Galicia con algo más de un millón de hogares, en torno a 175.000 pagan la hipoteca de la vivienda principal —el 16% del total— y algo más de 170.000 son inquilinos que abonan cada mes una renta a su casero, casi otro 16%, según la última radiografía del Instituto Galego de Estatística (Ige) con datos a cierre de 2021.

La opción de pedir un préstamo para comprar una vivienda es imposible o arriesgada para muchos jóvenes —y no tan jóvenes—, ya no tanto por la imposibilidad de hacer frente a la cuota mensual como por la dificultad para tener un colchón con el que afrontar la entrada, ya que la banca no suele financiar más del 80% del valor de tasación, y los gastos de formalización, Las estadísticas reflejan una caída en el número de familias embarcadas en una hipoteca, ya antes de que la subida de los tipos de interés las encareciera al empujar al alza el euríbor, cerca del 4%.

En cambio, cada vez más gallegos viven de alquiler. Una demanda creciente ante la que escasea la oferta —el stock de viviendas para arrendar no supera las 3.000 en Galicia, según la patronal de inmobiliarias Fegeim—, sobre todo a precios razonables. En la última década, el alquiler subió casi un 16%, hasta situarse de media en 481 euros, según el Observatorio da Vivenda. El dato se extrae del registro de contratos de alquiler a partir de las fianzas depositadas.

Con ese telón de fondo, apenas el 16,5% de los jóvenes están emancipados en Galicia —muchos compartiendo piso para reducir gastos— y 1.250 inquilinos fueron desalojados el año pasado por el impago de la renta. Son muchos más que las familias al borde del desahucio por no cumplir con la cuota de la hipoteca (277).

El acceso a la vivienda no es un derecho reconocido como tal en la Constitución. En su artículo 47, lo sitúa dentro de los principios rectores de política social y económica, algo así como objetivos que deben perseguir los gobiernos, pero nadie puede reclama ante la Justicia una vivienda. Aunque Pedro Sánchez aspire con la futura ley a convertir en "derecho" lo que reconoce que es "un bien de lujo", la Carta Magna no lo garantiza. Lo que sí hace es instar a los "poderes públicos" a tomar medidas y legislar para favorecer el acceso a una vivienda digna "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Ampliar el parque de vivienda protegida para su venta o alquiler a precios por debajo de los del mercado es una vía para acercar un bien de primera necesidad a ciudadanos que, de otra manera, no pueden asumir una hipoteca o sufren cada mes para pagar la renta y afrontar el resto de gastos. Sin embargo, apenas seis de cada cien inmuebles construidos en la última década en Galicia tenían esa condición. Entre 2012 y 2022 se terminaron exactamente 1.877, frente a 27.217 libres, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los promotores alegan que allí donde los precios máximos a los que se puede ofrecer la vivienda protegida llevan años estancados, los proyectos no son viables. En general, reconocen que hoy en día no se construye vivienda para todos los bolsillos. Y, al menos en las grandes ciudades, tampoco hay alquileres que se ajusten a todas las economías, en una comunidad donde el sueldo medio cerró 2022 en 1.695 euros brutos. Hay un problema evidente.

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