En tiempos de frenesí electoral y discursos triunfalistas y catastrofistas a partes iguales, España ha logrado esquivar la recesión y encabezar el crecimiento económico en una Europa cuyo principal motor, Alemania, ha gripado. Su condición de segundo mayor cliente de las exportaciones españolas, sumada a las nuevas subidas de tipos de interés que prepara el BCE para tratar de poner en vereda la inflación auguran una segunda mitad de año algo menos venturosa, como avanza el Foro Económico de Galicia.
Entre los múltiples deberes que el Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio tendrá que afrontar está el de atender al disparatado paro juvenil. Además de situar a España a la cabeza de las 38 principales economías del mundo con una tasa de desempleo global del 12,7% en abril, la OCDE también le otorga el dudoso primer puesto en lo que toca a los menores de 25 años, con un 29,7% de paro.
Es uno de las rémoras en las que el Consejo Económico y Social (CES) pone el foco en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2022. El documento constata que, aunque la radiografía general del mercado laboral permite hablar de "una recuperación completa" —con cifras que en 2022 batieron los registros prepandemia, con un promedio de 20,4 millones de ocupados, según la Epa, y menos de 3 millones de parados registrados—, persisten "las dificultades" de los más jóvenes y con un nivel educativo "más bajo".
El órgano consultivo del Gobierno, avisa de que el colectivo encuentra más trabas "para acceder al empleo", por lo que ve perentorio "insistir" en políticas como la Garantía Juvenil, "mejorando su alcance y eficacia". Los datos de Eurostat indican que los jóvenes con entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan son el 12,7% del total de ese grupo etario en España, un punto más que en la UE. Mientras el 7,1% está en paro, el 5,6% está fuera del mercado. Ante esta realidad, el CES demanda un apoyo específico de los servicios de empleo, "promover la formación de aprendices" y periodos de prácticas "de calidad".
La implantación de la Garantía Juvenil arrancó en 2013 bajo la batuta de Mariano Rajoy. Entonces, el objetivo era "garantizar una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o un periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleado" para todos los menores de 25 años. Dos años después, la edad máxima de acceso se amplió hasta los 29 años. Con un seguimiento estadístico desactualizado —los últimos datos del Sepe indican que en mayo de 2022 había poco más de 2 millones de jóvenes inscritos, 125.000 en Galicia—, basta con confrontar los datos de la Epa para ver que el programa, que se financia con fondos europeos, debe dar más de sí. Y es que la tasa de paro entre los menores de 30 es del 22,6%, de modo que supera en más de nueve puntos la genérica (13,3%).
Pero también hay que actuar desde la base: la educación. Con el economista vigués Antón Costas al frente, el CES llama a promover un sistema formativo "inclusivo y de calidad". Acertadamente, avisa que toca velar por "la igualdad de oportunidades" en un contexto en el que la inflación penaliza especialmente a los hogares con menos posibles.
El elevado paro juvenil choca con la dificultad de las empresas para cubrir sus vacantes. Tanto es así que entre el catálogo de 100 prioridades que la CEOE ha trazado para las elecciones sigue figurando la tarea pendiente de "mejorar la conexión" entre las políticas de empleo y las políticas educativas y formativas para anticiparse desde las aulas a las competencias que requiere el tejido productivo. Porque hay empleo y hay trabajadores. El fallo es que no casan.
