En la pospandemia, la economía europea ansía reducir su dependencia de materias primas estratégicas tras comprobar en sus propias pieles cómo las interrupciones en las cadenas de suministro globales noquearon a multitud de sectores. El viejo continente también quiere ser menos vulnerable al impacto de las tensiones geopolíticas en los precios y el abastecimiento de productos esenciales.
Europa afronta este proceso en una década que aspira a terminar con más industria, siendo más sostenible social, económica y ambientalmente, y con un mayor grado de digitalización y de electrificación. Ahí es donde entran en juego las materias primas críticas, indispensables para producir paneles solares, aerogeneradores, servidores y centros de datos, drones, baterías para el coche eléctrico, electrodomésticos y teléfonos inteligentes, electrolizadores, y otros desarrollos para el sector aeroespacial y la defensa.
Esta semana, el Parlamento y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo sobre la Ley de Materias Primas Fundamentales que busca garantizar el acceso de la UE a un suministro "seguro, diversificado, asequible y sostenible". Para ser competitiva, Europa precisa más capacidad para autoabastecerse y diversificar sus fuentes de suministro para así reducir la dependencia de China, el mayor proveedor global de varios productos críticos.
Para 2030, los objetivos son cubrir al menos el 10% del consumo con materias extraídas en el continente, lograr una ratio de reciclaje del 15% y procesar o transformar en la UE el 40% de esas sustancias. Al término de la década, la importación de cualquier materia prima estratégica de un país tercero —léase China— no podrá cubrir más del 65% de la demanda.
El acuerdo sellado por las instituciones comunitarias incluye una actualización de la lista de materiales críticos para la economía comunitaria. Son 34, de los cuales 16 son estratégicos.
En ese listado figuran el tantalio, del que la República Democrática del Congo controla el 35% extracción mundial, por delante de Ruanda (17%), Brasil (16%) y Nigeria (11%), y el niobio, del que Brasil es el suministrador por antonomasia (92%). En ambos casos la dependencia europea de las importaciones es total. Son los dos elementos principales del coltán, clave para la industria electrónica.
En Europa, la única explotación en la que se extrae este ‘oro negro’ es la mina de Penouta, en Viana do Bolo. Allí, el trabajo ha quedado en ‘standby’ después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinase en un auto el 29 de septiembre la suspensión "inmediata e incondicionada" de la resolución por la cual la Xunta aprobó en diciembre de 2022 el proyecto de explotación y el plan de restauración de una sección del yacimiento. El TSXG aceptó la solicitud de Ecoloxistas en Acción y constató que, aunque la mina "no figura dentro de espacios protegidos", el área de actuación de las obras está próxima a la zona de especial conservación de la Serra do Xistral, a la reserva de la biosfera Terras do Miño y a un humedal. Los jueces activaron esta medida cautelar mientras analizan el expediente administrativo completo y escuchan a las partes para determinar si la tramitación ambiental fue adecuada.
Strategic Minerals, que ha invertido más de 45 millones, confía en que el tribunal reconsidere su decisión e incide en que ha mantenido un "estricto cumplimiento de todos los controles y exigencias ambientales", impulsando la reforestación de zonas abandonadas en 1985 por Rumasa, que extrajo estaño y volframio. En una comarca con poco más de 5.400 habitantes, el grupo canadiense avisa que está en juego el futuro de "129 familias y empresas auxiliares".
El carácter estratégico del proyecto ha alineado a alcaldes, colegios profesionales de ingenieros de minas y geólogos y a la Cámara Minera de Galicia en pro del futuro de Penouta. A las muestras de apoyo se ha sumado la Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia, en la que confluyen CC.OO., UGT, la Federación Gallega de la Construcción, la patronal del metal Asime, la CEG, Cluergal y la Asociación Eólica de Galicia. Defienden que Penouta es un "exemplo de boas prácticas" y que funciona con los permisos "regulamentarios" y una declaración ambiental favorable.
A la espera del dictamen del alto tribunal gallego, lo que es seguro es que la inseguridad jurídica no es buena compañera para una Galicia deseosa de captar inversiones.
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