La Xunta inicia un pulso judicial contra el Estado por los gastos de limpiar los pellets del Toconao
La Xunta emprende un litigio contra el Gobierno central por la factura de la limpieza de las playas que acarreó el vertido de microplásticos procedentes del carguero Toconao, que el 8 de diciembre de 2023 perdió seis de los contenedores que transportaba cuando navegaba a 40 millas de Viana do Castelo. En su reunión semanal, el Consello autorizó este lunes interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que "centralice" el proceso de "esixir responsabilidades" a quien corresponda con el fin de "recuperar os gastos" en los que el Gobierno gallego incurrió, cifrados en 2,3 millones de euros.
En su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados, el presidente, Alfonso Rueda, señaló que desde San Caetano se solicitó "en varias ocasións" a la Moncloa que "reclamara os gastos a quen orixinou o vertido", habida cuenta de que es el Estado el que tiene las competencias en materia de lucha contra la contaminación con origen en el mar. Visto que "nada se fixo", la Xunta ha resuelto mover ficha, en buena medida también con la intención de que "se sente xurisprudencia" de cara a garantizar que los responsables paguen en caso de que se repitan episodios de este tipo en el futuro.
La factura extendida por la Xunta abarca desde la limpieza de los arenales hasta la gestión de los pellets y su análisis para descartar posibles toxicidades, un extremo que quedó desechado en los estudios encargados por el Gobierno gallego.
De hecho, en base a los resultados de esos test, el juzgado de primera instancia de Noia decretó el pasado enero el sobreseimiento definitivo de la causa abierta a raíz de una denuncia que interpuso Podemos contra los responsables de la carga del buque por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública. En el fallo, la jueza descartó que se hubiese "rebasado" el ámbito de una posible infracción administrativa y dio carta de validez al hecho de que los contenedores cayeron al océano debido a un golpe de mar, sin que hubiesen concurrido irregularidades en los protocolos de carga.
Con todo, la Xunta ve "fundamental" lanzar un mensaje claro a los operadores marítimos internacionales: que las administraciones españolas son "rigorosas" en la aplicación de la normativa vigente. Y echa en cara al Gobierno central que "non foi todo o contundente que debería" en este caso. Echando la vista atrás, también culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "eludir exercer as súas competencias exclusivas" en materia de lucha contra la contaminación con origen en el mar en lo que toca a la llegada de los pellets a las playas. La Xunta sostiene que se descargaron "todas as responsabilidades" en los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco y en los municipios afectados.
El pasado verano, Medio Ambiente ya lanzó una advertencia al Gobierno central
En julio de 2025, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya amenazó al Estado con acudir a los juzgados al descartar iniciar un procedimiento de existencia de responsabilidad por daño ambiental.
Preguntado a respecto de si la Xunta llegó a remitir al Estado la relación de los gastos en los que incurrió para gestionar aquel suceso, factura que reclamó el Gobierno, Rueda aseguró que si la Xunta da el paso de acudir a los juzgados es porque no ha logrado "que se indemnicen estes danos".
Tras mostrarse dispuesto a "volver mandar" la documentación "as veces que faga falta", Rueda incidió en que es cuestión de "intelixencia" procurar que un episodio como este "non volva suceder", lo que, a su juicio, pasa por que los buques que porten este tipo de cargas sean conscientes de que "deben extremar as precaucións" y por que, en caso de suceder un accidente de este tipo, tengan presente que se enfrentan a "unhas consecuencias".
