Las aguas bajan revueltas en el sector público, una maquinaria que sustenta el 17% del empleo en España y en la que, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas en algunos territorios, proliferan las protestas, paros parciales y huelgas. Médicos, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, inspectores de Trabajo y trabajadores de la Seguridad Social se han plantado o amenazan con hacerlo para denunciar la precariedad laboral, reinvindicar mejoras salariales y demandar más medios humanos.
Mientras en el sector privado las advertencias sindicales de un invierno caliente para forzar una subida salarial en respuesta a la inflación han quedado sofocadas con la entente sellada entre la CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT, que ha cristalizado en el esperado V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (Aenc) que marca a las empresas una senda de mejoras retributivas de hasta el 13% entre 2023 y 2025, la paz social no impera en las administraciones. Según los datos de la encuesta de población activa, en el primer trimestre España contaba con 3.523.900 trabajadores públicos, 2.300 menos que al cierre de 2022, cuando se alcanzó un récord histórico.
La situación no es igual en todas las áreas. Basta con cotejar el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas para comprobar que, por ejemplo, la Seguridad Social — que es el organismo autónomo con más efectivos— contaba el pasado julio con 22.639 trabajadores entre funcionarios, personal laboral e interinos con contratos de duración superior a seis meses, una cifra que en 2007 ascendía a 30.073. Son menos, pero gestionan más de 10 millones de pensiones contributivas, un 21% más que hace 16 años, y por el camino han ido incorporaron encomiendas como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Todo esto se suma a la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal y permanente y las coberturas por maternidad y paternidad, entre otras, además de la labor de recaudación de las cotizaciones de la Tesorería y de las funciones del Instituto Social de la Marina. Los intentos del ministerio por sofocar el creciente malestar ciudadano ante las dificultades para lograr una cita a base de horas extra y de recomendar reducir la atención a diez minutos han hecho saltar la espita. Los paros parciales arrancan el 25 y, si nada lo remedia, el 7 de septiembre la Seguridad Social vivirá su primera huelga general.
A nivel autonómico, con un sistema sanitario público con cerca de 43.000 trabajadores, los alrededor de 2.500 médicos de familia se quedan cortos para resolver las necesidades de una Atención Primaria que debe hacer frente a una población dispersa y cada vez más envejecida. En su caso, la huelga que obligó a aplazar cientos de operaciones y pruebas diagnósticas y miles de consultas en abril arrancó mejoras salariales que serán la antesala de otra ronda de negociaciones con el Sergas tras las elecciones para abordar cuestiones como la reducción del cupo de pacientes diario o la jornada semanal de 35 horas. Con resultados dispares, las protestas de los sanitarios se han repetido por toda la geografía española.
Las estadísticas dan buena cuenta del malestar del plantel de las administraciones. Solo en enero el sector público vivió once huelgas en las que participaron 17.131 trabajadores, lo que derivó en 38.435 jornadas perdidas, el triple que en enero de 2022, cuando se convocaron diez paros secundados por 2.456 efectivos. En el mismo mes, y pese a haber encajado 66 huelgas, en las empresas privadas se plantaron 5.624 asalariados que en total perdieron 17.855 días de salario al no acudir a sus puestos. Es la radiografía de un año caliente en el sector público.
