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El Gobierno planea microcréditos sin intereses para pagar el alquiler o cuatro meses de moratoria

Anuncio de una vivienda en alquiler. EFE
Anuncio de una vivienda en alquiler. EFE
Dependerá de si el casero es un particular o un fondo o empresa. Los inquilinos más vulnerables tendrán ayuda directa

El plan que el Gobierno de coalición ultimaba este lunes para ayudar a quienes viven de alquiler a pagar la renta si han visto cercenados sus ingresos por el parón de la actividad contemplaba dos vías: poner a disposición de los inquilinos microcréditos sin intereses avalados por el Estado a devolver en largos plazos si los caseros son particulares y pequeños propietarios, o una moratoria de cuatro meses en caso de que las viviendas sean de fondos de inversión o empresas. Las medidas recibirán luz verde previsiblemente este martes en Consejo de Ministros, después de que PSOE y Unidas Podemos trataran de salvar sus discrepancias sobre algunos puntos.

El proyecto de decreto del departamento que dirige José Luis Ábalos incluye para los inquilinos afectados de forma coyuntural por la crisis del covid-19 que vivan en un piso alquilado a un particular o pequeño propietario una línea de créditos del Ico por unos 100 millones de euros. Toda persona desempleada, afectada por una suspensión de contrato a través de un Erte o una reducción de jornada y los autónomos que no lleguen a un límite de ingresos equivalente a tres veces el Iprem —1.613,5 euros al mes, un umbral que sube si hay hijos o dependientes a cargo— podrán acceder a ese dinero sin intereses ni comisiones, pues los sufragará el Gobierno con cargo al Plan Estatal de Vivienda.

En España en torno al 95% del mercado residencial de alquiler está en manos de pequeños propietarios

La idea es que quien recurra a esta vía pueda devolver los microcréditos poco a poco. Tras superar las diferencias al respecto, el Gobierno de coalición acordó fijar un plazo inicial de seis años al inquilino para reintegrar el préstamo. Si en ese tiempo no es capaz de pagar, se añadirían otros cuatro.

En el caso de los hogares que entren en una situación de vulnerabilidad permanente por esta crisis, sin recursos para afrontar la devolución de esos créditos, dispondrán de ayudas directas para saldar la deuda con el Ico. La cuantía máxima será de 900 euros al mes para cubrir el principal del préstamo con los intereses, a los que se añadirán hasta 200 euros para sufragar gastos de comunidad, mantenimiento del inmueble o suministros básicos.

El Gobierno de coalición acordó fijar un plazo inicial de seis años al inquilino para reintegrar el préstamo

Si los dueños de los pisos son fondos de inversión, entidades financieras y de gestión de activos o grupos inmobiliarios, entonces el plan recoge una moratoria de cuatro meses en el pago de la mensualidad para los arrendatarios cuyo bolsillo se vea sacudido por el impacto de esta pandemia. El inquilino podrá elegir entre que se le aplique una quita del 50% sobre la deuda acumulada en esos 120 días de aplazamiento o pedir su reestructuración para devolverla en un plazo de dos o tres años. En todo caso, también pueden acogerse a la línea de créditos.

Consultoras inmobiliarias calculan que en España en torno al 95% del mercado residencial de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan la renta mensual que les abona el inquilino para cubrir sus necesidades. De ahí que no se aplique una moratoria generalizada —que sí defendía inicialmente el ala de Unidas Podemos— como se aprobó en el caso del pago de las hipotecas, con requisitos, eso sí, estrictos para poder aplazar el pago de la letra. En todo caso, las medidas para el alquiler pueden sufrir hoy cambios.

Veto de seis meses a desahucios por el impago de la renta

Todos los desahucios por impago del alquiler, pendientes de ejecutar o nuevos, quedarán prohibidos durante seis meses una vez finalice el estado de alarma por la pandemia de Covid-19. Así lo recoge el proyecto de decreto con medidas para dar solución a las personas con problemas para pagar la renta a su casero.

El plan contempla, además, la prórroga automática durante medio año de todos los contratos  de arrendamiento que iban a finalizar durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno. Eso implica que se mantendrán al menos por ese tiempo con las mismas condiciones.

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