Tras el respiro que supuso la sentencia con la que el Tribunal Supremo (TS) sentó jurisprudencia en diciembre al rechazar que la legislación europea y española impongan que los informes sectoriales deban obtenerse antes de iniciar el trámite de información pública de un parque eólico, lo que en la práctica supone validar los procesos de tramitación ambiental, la patronal gallega Ega confía en que el desarrollo de los aerogeneradores se desbloquee y que también ayude lo dispuesto en la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2024. La Xunta ha fijado el interés público superior del aprovechamiento del viento e introduce el estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos de los parques en las evaluaciones ambientales para evitar que se tumben proyectos alegando fragmentaciones indebidas. Al frente de la Ega desde 2017, el CEO de Punta Saleta y asesor para España de la japonesa Eurus Energy, José Manuel Pazo (O Carballiño, 1960), repasa la situación del sector cuando está a punto de agotar su segundo mandato.
¿Cómo se presenta 2024 tras el fallo del Supremo?
Esperamos que esto se desatasque un poco. Tenemos media docena de suspensiones cautelares que van a seguir su proceso con recursos ante el Supremo. Luego, hay un centenar de contenciosos abiertos con respecto a los que estamos esperando ver cómo actúa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atendiendo a la sentencia del TS sobre la repotenciación del parque de Corme. En sus últimas declaraciones, el presidente del TSXG vino a decir que cada proyecto es diferente. Pero nosotros estamos viendo que el movimiento negacionista que hay en contra de los parques siempre tiene en sus alegaciones el mismo fundamento. Evidentemente, puede haber variaciones en algunos casos por la existencia de restos arqueológicos, por un análisis diferente de la presencia de aves o de la ganadería... Pero no cambian mucho.
¿Confía en que el TSXG mueva ficha cuanto antes?
Todos estos procesos son lentos. Pretendemos que se agilicen porque la tecnología no va a esperar. El presidente del TSXG comentaba que los trámites judiciales llevan su tiempo, pero todos sabemos que dejar pasar dos o tres años en una situación como esta hace inviable cualquier iniciativa. Hay 32 proyectos industriales estratégicos que están esperando poder firmar contratos de suministro con nosotros para contar con energía barata. De ello también depende Alcoa y sectores como la conserva, la automoción o la biotecnología. Si esto no se resuelve rápido, la tecnología eólica se quedará obsoleta, pueden caducar las declaraciones ambientales, se perderán los puntos de conexión y habrá que retramitar expedientes.
Hay mucho en juego...
Galicia puede perder el tren mientras en comunidades como Aragón se están instalando desde la fábrica de baterías de Stellantis hasta bases de Amazon o Microsoft, que necesitan mucha energía. Nosotros estamos estancados. Todo depende a partir de ahora de las decisiones del TSXG. Las empresas se instalarán donde se genere energía barata. Se ve en Aragón y en otras zonas. En Galicia, o hay un pacto social muy claro o nos hundimos en la miseria. Están en juego hasta 2.950 empleos con la construcción de los parques y otros 7.000 directos asociados a los 32 nuevos proyectos industriales.
Aragón captó a Amazon, Microsoft y la fábrica de baterías de Stellantis, que precisan mucha energía. Galicia está estancada"
¿Ve complicado acabar la década con 7.700 MW instalados como marca la Axenda Enerxética de Galicia?
El año pasado, la Xunta autorizó 2.687,6 MW y el Ministerio para la Transición Ecológica, más de 600. Ahora, tenemos unos cuatro años para desarrollar esa potencia más los MW que vengan en los nodos de transición de As Pontes y Meirama, que tramita el Estado. El objetivo de la Ega es instalar una media de 600 MW anuales atendiendo a factores como la logística, la disponibilidad de grúas, camiones y el suministro de componentes. Se tarda entre un año y 15 meses en fabricar turbinas y transformadores. La idea es duplicar la potencia instalada actual [3.907 MW]. El problema es que, ante el atasco judicial, no sabemos cuándo podremos hacer los parques y cuándo podremos conectarlos. Esto influye en los proyectos industriales, pues si los inversores no saben a qué precio les vamos a vender la energía en los próximos diez años no invierten. Estamos parados y tampoco sabemos lo que va a pasar con los cuatro proyectos ligados a la reactivación de Alcoa en Cervo.
El PSdeG ha dado por despejado el futuro de esos cuatro parques de Greenalia tras negociar con el ministerio de Teresa Ribera...
El Gobierno central y la Xunta se han echado las culpas. El ministerio emitió las declaraciones ambientales cuatro días tarde por circunstancias que desconozco. De acuerdo con lo estipulado, al estar fuera de plazo los parques perdieron el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de energía. Besteiro anunció que llegó a un acuerdo con Ribera para desatascar este tema. Pero, una vez revisado el Boe, comprobamos que los parques han perdido el punto de conexión y que ahora se convocará un concurso de nudo. Eso sí, la modificación legal impulsada por el ministerio dice que en ese concurso tendrán prioridad los parques que tengan declaración ambiental, de manera que los cuatro de Greenalia probablemente ganen, pero tienen que volver a someterse a un proceso largo. Puede tardar un año, no es inmediato. Y entre tanto la tecnología avanza y puede que para entonces las máquinas ya no valgan. Es una pena. Estamos atascados con procedimientos judiciales y administrativos.
Los cuatro parques ligados al suministro de Alcoa que perdieron la conexión irán a un nuevo concurso. Puede tardar un año"
El Gobierno ha ampliado de cinco a ocho años el plazo para obtener la autorización administrativa de explotación. ¿Es un balón de oxígeno para el sector?
Es una buena solución. Habíamos solicitado la prórroga porque es imposible que hagamos los parques en un año. Los promotores de los proyectos gallegos autorizados en 2023 teníamos hasta junio de 2025 para construir los parques. De no hacerlo en tiempo perderíamos el punto de conexión. Ahora, el ministerio nos da tres años más, esto es, hasta 2028 para ponerlos en funcionamiento. Pero tenemos que informar ya a ministerio y Xunta de cuándo vamos a conectar cada parque y justificarlo para que puedan hacer una planificación. Es decir, un promotor que tuviera de plazo hasta junio de 2025 para construir y tenga un procedimiento judicial en curso puede informar de que prevé acabar en 2027. También habíamos solicitado al ministerio que se paralicen los plazos cuando un proyecto esté judicializado. Por ahora no lo ha admitido, pero insistiremos.
Recursos de Galicia, la sociedad mixta creada por la Xunta y 33 empresas que pretende participar en proyectos de renovables y mineros, prevé invertir este año en una cartera de 300 MW eólicos. ¿Cómo lo ve?
No hemos hablado aún porque hace poco que se constituyó y nombró al CEO. Ahora está en un periodo de consultas, hablando con todos los promotores. Por lo que sabemos, no entran a competir con nosotros. Recursos de Galicia se está presentando a todas las empresas para ofrecerse a entrar en proyectos con participaciones minoritarias.
El BNG debe aclarar cuál es su política energética y qué hará para garantizar el suministro a las 32 nuevas industrias estratégicas"
¿Al sector le preocupa que el 18 de febrero las urnas puedan deparar un cambio de Gobierno en Galicia?
En septiembre, constituimos la Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia con CC OO, UGT, Asime y la CEG. entre otras organizaciones. Hay un planteamiento claro de la Xunta y el ministerio, que quieren que se construyan los parques para agilizar la transición energética. El planteamiento es unánime. Cuando el Bloque gobernó en el bipartito y controlaba la Consellería de Industria, la apuesta por la eólica fue clara. Hizo un concurso y repartió los mismos megavatios en los mismos sitios que están ahora. Esto es imparable gobierne quien gobierne pues las empresas necesitan energía barata. No tenemos claros los objetivos del BNG. Solicitamos una entrevista pero no tenemos cita. Sí conocemos los del PSdeG y el PPdeG. El Bloque debe aclarar cuál es su política energética y qué hará para garantizar el suministro a esas 32 industrias estratégicas.
En la Ega hay gente muy preparada para tomar las riendas. Es la asociación más antigua de España"
¿En febrero hay elecciones en la Ega?
Sí. Se cumplen cuatro años de mandato y hacia el día 29 se celebrará la asamblea general para aprobar los presupuestos de 2024, las cuentas de 2023 y serán las elecciones.
¿Volverá a concurrir?
Soy un poco mayor [dice, entre risas]. Me lo estoy planteando. Esta asociación está formada por unas 40 empresas y hay 20 que son socias históricas. Es la asociación más antigua de España. Entre esas 20 compañías hay personas muy competentes, con gran experiencia y que pueden aportar mucho. No hay competencia, todos tenemos un objetivo común y hay gente muy preparada para tomar las riendas. La meta de la Ega es volver a ganar la confianza de las empresas. Galicia está mal vista porque es donde más problemas jurídicos hay de toda España. Las asociaciones negacionistas van contra todos los proyectos. No les sirve ninguno. Es un movimiento político terrible.
