La tromba de suspensiones cautelares de proyectos eólicos que está decretando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena al sector a la parálisis. La Asociación Eólica de Galicia (Ega) lleva meses advirtiendo que del desarrollo de nueva potencia renovable depende la ejecución de 32 proyectos industriales planteados con los fondos Next Generation como catalizador. En juego están 6.328 millones en inversiones y 14.000 nuevos empleos. Necesitan energía limpia —unos 4.000 megavatios de nueva potencia— y a un precio competitivo, un objetivo que se complica cuando el porvenir de más de un millar de MW está en la cuerda floja.
¿Tiene constancia de que el bloqueo judicial pueda estar llevando a las empresas a replantearse sus proyectos en Galicia?
Esto crea inseguridad jurídica y la gente se cansa. Además, ahora la situación también es diferente, pues llevamos varios meses con precios bajos de la energía. La insistencia que registrábamos hace unos meses ya no la tenemos por parte de las empresas que presentaron solicitudes para instalarse en Galicia. En cambio, en Aragón, que es donde se están construyendo más parques, vemos como se asientan Amazon, Microsoft o la fábrica de baterías de Stellantis. En nuestro caso, así como antes veíamos mucho interés, ahora ha decrecido por esta situación de paralización. Hay cierta indiferencia al estar creciendo la inseguridad jurídica. A corto plazo, no se ve una solución clara.
Galicia pierde atractivo...
Pierde atractivo de cara a la instalación de parques y de industrias asociadas. Una cosa lleva a la otra. Y lo que está pasando en Galicia trasciende hacia otras comunidades, pues el TSXG está propiciando una paralización de cualquier procedimiento industrial que lleve asociada una declaración de impacto ambiental. Estamos perplejos porque, en cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no está otorgando suspensiones cautelares y se está pronunciando favorablemente sobre los proyectos. Lo mismo sucede en Andalucía. Y el Supremo también se pronunció avalando la tramitación ambiental. Sin embargo, el TSXG ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para solucionar todo esto, es fundamental un cambio normativo. Hay que dar seguridad a la inversión, pues no la hay"
Aunque el TSXG ha paralizado la consulta que en febrero elevó al TJUE sobre la legalidad de la tramitación ambiental que la Xunta y el Gobierno central realizaron para autorizar los parques al admitir que no escuchó, previamente, los argumentos de la Xunta, la Ega y de otros promotores, ¿dan por hecho que el tribunal gallego volverá a solicitar el pronunciamiento de la Corte de Luxemburgo?
Nos podemos equivocar pero, tal y como se está pronunciando el TSXG últimamente, lo normal es que solicite la consulta prejudicial y siga con el procedimiento. Ya nos han escuchado. Hemos enviado la documentación, que era la misma que presentamos previamente, aunque el tribunal gallego no estudió nuestros argumentos antes de acudir a Europa. En cierta forma, perdemos otros tres meses. Estamos esperando a ver lo que pasa, estamos en un momento de incertidumbre. Todos los procedimientos contenciosos abiertos, que pueden ser más de un centenar, están pendientes de todo esto. Hay un retraso permanente y una paralización total.
En Aragón, donde se están construyendo más parques, se asientan Microsoft o la planta de baterías de Stellantis
¿Cómo se sale de este atolladero?
Para solucionar todo esto, un cambio normativo es fundamental. Hay que dar seguridad a la inversión y en este momento no la hay. Tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Xunta están preocupados, pues hay unos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 que no se están cumpliendo. Las fábricas están paradas porque no se cumple lo previsto en esa hoja de ruta al estar en 'standby'. Hay incertidumbre para las baterías, el hidrógeno y todo los proyectos asociados a los parques eólicos y las plantas solares.
