Después de tres años en los que la industria eólica apenas desplegó 36 megavatios (MW) en los montes gallegos, atendiendo a los datos del operador del sistema eléctrico Redeia, el panorama tiene pocos visos de mejorar.
Será así al menos mientras se mantenga el bloqueo decretado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que pone en duda la validez de las evaluaciones ambientales favorables dictadas desde la Administración, cuestiona la pertinencia de algunos emplazamientos por su sensibilidad desde el punto de vista de los recursos naturales y opta por la cautela ante el riesgo de que permitir que las obras sigan mientras se dirime la legalidad de los proyectos pueda derivar en daños en el entorno de imposible reparación.
Mientras los promotores reclaman al Gobierno central y al autonómico seguridad jurídica, en los montes solo está en construcción un único parque eólico que cuando esté operativo sumará 23,57 MW a la potencia que actualmente está desplegada, que el Inega cifra en 3.865 MW.
Es la radiografía que traza la Consellería de Economía e Industria, que informó a AGN de que 47 proyectos que están "paralizados" como consecuencia de las medidas cautelares decretadas judicialmente. El impacto de este parón supone que 1.211 megavatios están 'en el aire', una potencia cuyo desarrollo resulta clave para que la comunidad cumpla los hitos que marca la Axenda Enerxética de Galicia, que pasan por completar la década con 7.700 MW operativos.
El Observatorio Eólico de Galicia sitúa la facturación de los parques en 2022 en 1.600 millones al despuntar los precios energéticos
En juego está poder responder a los desafíos que plantea la descarbonización de la economía y garantizar el suministro de energía barata que reclaman la industria electrointensiva y los nuevos proyectos empresariales que se están cocinando, como advierte la Asociación Eólica de Galicia (Ega), cuyas aspiraciones pasaban por implementar unos 500 megavatios nuevos al año hasta 2030.
A falta de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que se encarga de autorizar las instalaciones con una potencia superior a 50 MW —pues los proyectos más reducidos competen a la Xunta—, el departamento que dirige María Jesús Lorenzana señala que están en diferentes fases de tramitación 121 nuevos proyectos, que representan 2.375,5 MW.
Mientras el futuro de la industria del viento se dirime en los tribunales, el sector da por hecho que el embrollo alargará en otros dos años la situación de estancamiento, máxime si también se requiere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
En Galicia, los parques están instalados en el 35% de los municipios en los que vive el 21% de la población, de manera que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) incide en que el despliegue recae en los ayuntamientos "de menor tamaño". "Contribuyen a fijar población, dado que generan actividad económica y empleo", sostiene la patronal.
Según el Observatorio Eólico de Galicia, la facturación de los parques superó los 1.600 millones de euros con el fuerte incremento de los precios de la energía detonado por la guerra de Ucrania.
