El Gobierno aspira a acortar concesiones en la costa con el nuevo reglamento
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Xunta se alían en contra del anteproyecto de decreto por el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende reformar el Reglamento General de Costas. El documento, que el Gobierno central ha sacado a información pública para que los interesados remitan sus alegaciones de aquí al 1 de abril, fija la duración máxima de las concesiones, incluidas posibles prórrogas, en 75 años por ejemplo, para plantas de acuicultura; que se limitarán a 50 para instalaciones de servicio público que, por su naturaleza, deban ubicarse en dominio público, y 30 para el resto de actividades lucrativas como chiringuitos, restaurantes o servicios turísticos.
Entre los cambios destacados figura que las autorizaciones ligadas a actividades económicas deberán otorgarse mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que deberá garantizarse "la imparcialidad, la transparencia y la publicidad" de la convocatoria. El apartado que más ha soliviantado a la Consellería de Medio Ambiente y a la patronal es sin duda la disposición que pone el foco en las concesiones que fueron ampliadas conforme a la reforma de la Ley de Costas de 2013, que permitió prorrogar por un tope de 75 años las autorizaciones otorgadas al amparo de la norma de 1988. El ministerio estipula que estos títulos se revisarán para modificar su duración y adaptarla a la Directiva Europea sobre Servicios en el Mercado Interior. En la práctica, esto permitiría recortar la permanencia de estas instalaciones. El Gobierno establece que el nuevo plazo no podrá superar el tiempo necesario para que los afectados amorticen las inversiones realizadas antes del 15 de febrero de 2023 -la fecha en que Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España-, además de garantizar la obtención de un beneficio "equitativo". Si la empresa no acepta el nuevo plazo, el Estado prevé el pago de una indemnización y revocar la concesión. De salir adelante, podrían ser "muchísimos" los negocios que viesen cuestionado su futuro, admiten desde la CEG, que augura batallas en los juzgados.
"O texto aínda é peor que a nosa previsión anterior", confesó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que se reunió en Santiago con la patronal, con su presidente, Juan Manuel Vieites, a la cabeza. La melidense expresó su descontento por el hecho de que el texto "vén a dicir que se van reducir as concesións". "É dicir, que se vai expulsar da costa toda a actividade económica, incluído o sector primario", censuró Vázquez, que cargó contra el Gobierno central por alegar que la reforma viene impuesta por la Comisión Europea y es necesaria para evitar una sanción en el marco del procedimiento de infracción que la UE abrió por permitir que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre se otorguen a empresas sin un concurso.
Convencida de que la nueva regulación tendrá un impacto "terrible" en el terreno "económico y social", rechazó que, como cuestionó la UE, en España se otorguen prórrogas automáticas. "Sempre se fan as avaliacións ambientais pertinentes", defendió.
"La deriva" del ministerio de Sara Aagesen
Ante un decreto "muy preocupante", Vieites, por su parte lamentó "la deriva" del ministerio de Sara Aagesen por "dejar a un lado" el diálogo con las comunidades para "imponer" la reforma.
En este escenario, la Xunta evalúa "a fondo" el borrador para presentar alegaciones además de crear un grupo de trabajo con la CEG para "analizar xurídicamente" el texto. Crítica con el hecho de que el Gobierno no incorporase "ningunha das achegas" que la Xunta realizó en la consulta pública, que se cerró hace solo once días, la consellería censura que el Gobierno no modifique, en primer término, la Ley de Costas por no contar con apoyo suficiente en las Cortes. Medio Ambiente, que percibe en el texto "unha vulneración flagrante dos principios de legalidade e confianza lexítima", urge a Aagesen a convocar la conferencia sectorial.
