La patronal gallega teme expropiaciones si se revisan los deslindes en la reforma de Costas
Como la Xunta, la patronal gallega también presentó alegaciones en el marco del proceso de consulta pública previa a la modificación del Reglamento de Costas. El documento, al que tuvo acceso AGN, recoge la preocupación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) por que las concesiones se vean acortadas "a un máximo de 30 años", frente a los 50 actuales, prorrogables por otros 25.
La CEG teme, además, que se cambien los criterios técnicos para determinar la extensión del dominio público marítimo-terrestre y que ya no se tome como base la distancia que alcanzan las olas en los mayores temporales al menos en cinco ocasiones en un lustro, sino que baste con que, en una única borrasca, el agua alcance un punto "en una sola ocasión". Este giro, advierte la organización, permitiría expropiar propiedades privadas.
La confederación, que teme que el Gobierno recupere aspectos del decreto que el TS tumbó en 2024, también rechaza que puedan regularse "restrictivamente" las prórrogas extraordinarias y que viviendas e industrias queden fuera.
El futuro de los paseos marítimos también está en el radar de la CEG, que ve posible que se regule que la línea exterior de estas infraestructuras construidas por el Estado o por otras administraciones deje de considerarse a todos los efectos como "línea interior de la ribera del mar".
La organización, que critica que la información que se brinda a los interesados en el proceso de alegaciones que se cerró este jueves resulta "escueta", por lo que infiere que no debería haber cabida en al reforma que ambiciona el Estado para estos cambios "so pena de que faltase la consulta pública previa" respecto de dichos extremos, pide que se modifique, en primer lugar, la ley.
Los empresarios llaman al ministerio a reunirse con los sectores afectados
En el escrito rubricado por el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, la patronal también solicita al ministerio la remisión de la documentación relativa al expediente de infracción que abrió Bruselas a España y que se amplíe el plazo de la consulta pública previa para "conocer el alcance real" que el departamento que dirige Sara Aagesen pretende dar a la modificación del reglamento.
Otra demanda que plantea el empresariado gallego es que se celebren las reuniones "necesarias" con los sectores afectados por la regulación para evitar un texto "fuera de la realidad plasmada desde un despacho".
