Pulso entre el Estado y las autonomías por la reforma 'exprés' de Costas

El Gobierno central cerró este jueves el proceso de consulta pública, esto es, la recogida de alegaciones y sugerencias de cara a una modificación exprés del Reglamento General de Costas con la que pretende "corregir" los aspectos que la Comisión Europea (CE) considera contrarios a la Directiva de Servicios comunitaria. Mientras Galicia y el resto de autonomías costeras exigen al Ejecutivo central negociar y modificar, como paso previo, la Ley de Costas, el Ejecutivo se escuda en las dificultades que tendría para sacar adelante los cambios en las Cortes por la falta de apoyos parlamentarios para legislar por decreto.

Y asegura contar con el aval de la UE, que estaría dispuesta a pausar el proceso sancionador que podría acabar en condena para España. 

Tras iniciar negociaciones en abril de 2021, Bruselas abrió en febrero de 2023 un procedimiento de infracción a España al entender que la ley y el reglamento de costas permiten que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para desarrollar actividades económicas se otorguen sin concurrencia competitiva y se prorroguen automáticamente por un periodo de hasta 75 años, lo que contraviene la legislación comunitaria. 

Ante la ausencia de una rectificación, en diciembre de 2024 la CE emitió un dictamen motivado y, tras las conversaciones mantenidas desde entonces y las propuestas remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica para modificar la legislación, el pasado 26 de enero, el departamento que dirige Sara Aagesen trasladó en una reunión al Ejecutivo comunitario que para el Gobierno introducir cambios en la ley se torna "parlamentariamente imposible". Ante este bloqueo político, el ministerio planteó modificar el reglamento —para lo que bastaría con un real decreto aprobado en Consejo de Ministros— para evitar que puedan tramitarse concesiones sin concurso previo. 

El ministerio sostiene que Bruselas "agradeció el esfuerzo y la colaboración" del Gobierno para "avanzar en una solución" y afirma que habría visto "con buenos ojos" que se cambie el reglamento, pese a advertir que para que pueda archivarse el procedimiento de infracción "será necesario" cambiar la Ley de Costas. Con todo, a modo de medida de gracia, Bruselas accedería a "no escalar en la condena" a España si el reglamento está modificado para este verano y el Supremo no lo anula. Y es que el alto tribunal tumbó en enero de 2024 un anterior intento de revisión del reglamento por omitir el trámite de consulta pública, un paso que el Gobierno no prevé descuidar en esta ocasión.

¿Qué aspectos se van a cambiar?

Dos son los principales focos del conflicto, aunque también toca corregir otros "errores, disfuncionalidades, incoherencias y erratas" detectadas en el reglamento. De un lado, está el hecho de que la normativa actual permite que las concesiones para actividades económicas —como, por ejemplo, restaurantes, pasteras, empresas químicas o piscifactorías— se otorguen sin un procedimiento de selección abierto y transparente.

De otro, que la regulación ampara ampliar la duración de estas autorizaciones por hasta 75 años sin que medie un concurso público. 

Galicia y el resto de autonomías costeras se alían 

Este jueves, la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, se reunieron en Madrid con representantes de Asturias, Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y País Vasco. Acordaron crear un grupo de trabajo para diseñar una nueva Ley de Costas. El fin, incide la consellería que pilota Ángeles Vázquez, es diseñar un texto "con rigor e de xeito coordinado, tendo en conta tanto os aspectos ambientais como os económicos e sociais". 

La Xunta, que presentó alegaciones al reglamento, teme que "o único obxectivo" del Gobierno "sexa restrinxir os usos do litoral" y "acurtar" las concesiones a 30 años.