La suspensión cautelar de las autorizaciones previa y de construcción de una veintena de parques eólicos en Galicia en un contexto en el que casi todo el desarrollo de nueva potencia se decide en los juzgados —que son los que dirimen el futuro de 70 proyectos que iban a suponer el despliegue de 3.000 megavatios (MW)— ha llevado a patronales y sindicatos a movilizarse. Santiago acogió este martes una reunión de la Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia, que agrupa a la Asociación Eólica de Galicia, la Asociación Gallega del Hidrógeno, la patronal del metal Asime, la Cámara Oficial Mineira de Galicia, el Clúster de las renovables Cluergal, la Federación Gallega de la Construcción, la CEG, CC OO y UGT.
Ante una situación que definen como de "extrema gravidade", los socios han acordado solicitar reuniones urgentes con el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y con los portavoces de industria de los grupos parlamentarios en O Hórreo.
Pretenden evaluar actuaciones para "avanzar no desenvolvemento das renovables" en una comunidad en la que desde 2019 se desplegaron apenas 41 MW eólicos, lo que deja el total operativo en los montes en 3.845 MW. La plataforma recalca que ampliar el parque es necesario para que la industria disponga de energía "a un prezo axeitado e accesible". Y recuerda que de este despliegue depende la viabilidad de 32 proyectos fabriles planteados aprovechando los fondos europeos, que suman una inversión de 6.300 millones, además de la necesaria lucha contra el cambio climático.
Ante un freno judicial que pone en jaque los 4.200 millones que requiere la construcción de los 70 proyectos en ‘standby’, el sector busca negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para evitar la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red de los parques, que deberían estar operativos entre 2025 y 2028, un calendario que se tambalea por la conflictividad. Confían en obtener más margen al entrar en juego "causas alleas aos promotores".
Advierten de que las paralizaciones cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y su decisión de solicitar al TJUE que se pronuncie sobre la legalidad del proceso de tramitación ambiental avalada por el Supremo "poñen ao sector en xaque durante un mínimo de dous anos". El frente común integrado por empresarios y por CC.OO. y UGT avisa de los efectos en cadena sobre "os proveedores locais" que contaban con carga de trabajo. Es por eso que señala que, si la situación persiste, "isto provocará a marcha ou saída a outras comunidades e, polo tanto, a perda de emprego local".
Patronales y sindicatos CC.OO. y UGT avisan que "calquera posible proxecto industrial en Galicia choca cunha conxuntura de incerteza, inseguridade xurídica e indefensión" por la "xudicialización masiva"
Con contundencia, advierten que "calquera posible proxecto industrial en Galicia choca cunha conxuntura de incerteza, inseguridade xurídica e indefensión" debido a lo que definen como "xudicialización masiva" de iniciativas que cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. La mesa censura que se estén "recorrendo" todos los planes con DIA aprobada y tacha de "grave" que en los procedimientos judiciales "non se teñan en conta os informes do funcionariado das diferentes administracións", mientras sí se "toma en consideración" estudios presentados por las asociaciones recurrentes, que el colectivo ve "carentes de todo rigor". Aunque el desarrollo eólico está en el centro de las preocupaciones, la cadena de valor urge "solucións e alternativas" para los procesos judiciales que afectan "a outros proxectos industriais", apuntando en concreto a la paralización cautelar que el TSXG ha impuesto a la que es la única explotación de coltán de Europa, la mina de A Penouta, en Viana do Bolo.
