Ser funcionario es el objetivo que se marcan cada vez más personas en busca de un empleo que les permita vivir con tranquilidad económica, estabilidad laboral y sin largas jornadas de trabajo. Con esos ganchos, cerca de 7 millones de ciudadanos en España han opositado o están en proceso, y más de 5 millones tienen intención de hacerlo en un futuro próximo para pasar a engrosar el contingente de empleados públicos, integrado en la actualidad por unos 2,73 millones de efectivos en todo el país -en torno a 155.400 en Galicia-. Un plantel que deberá enfrentarse periódicamente a evaluaciones de desempeño que podrán llevar a estos profesionales a cobrar más o avanzar hacia un ascenso si aprueban el examen o, en caso de que el resultado sea negativo, a tener que formarse e incluso a ser apartados de su puesto si reinciden en el suspenso. Lo que no perderán nunca es su plaza, esto es, la condición de funcionarios.
Así lo establece un real decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros que recoge varias reformas en el ámbito de la función pública que formaban parte de un anteproyecto de ley que el Gobierno negoció con los sindicatos la pasada legislatura y que decayó por la convocatoria de elecciones. En el paquete figura la regulación de la evaluación del desempeño obligatoria, un procedimiento a través del que se analiza la conducta profesional y se mide el rendimiento. Es objetivo es, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, lograr "una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público".
A la espera de que se fijen los criterios de esos exámenes, los que ya se conocen son los premios o los castigos a los que se pueden enfrentar los trabajadores. Aquellos empleados públicos que superen esta prueba accederán a "beneficios directos" como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional, al ser clave la evaluación en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que se planteen.
En este punto destaca la introducción de la carrera horizontal, que permite una mejora de las condiciones sin cambiar de puesto. Funcionará mediante un sistema de tramos donde se valorará la evaluación de desempeño, la trayectoria, la formación o la participación en actividades de docencia e investigación, y podrá traducirse en la retribución adicional del nuevo complemento de carrera.
"EN POSITIVO". ¿Y qué ocurrirá si el funcionario no supera la prueba? De entrada, "se fomentarán medidas de formación para dotarle de herramientas que le permitan un mejor desempeño", explica el ministerio. Eso sí, si presenta resultados negativos de forma reiterada se arriesga a que lo saquen de su puesto, aunque mantendría la plaza. El departamento de María Jesús Montero incide en que estamedida se plantea "en positivo".
Otra de las novedades que recoge el decreto es la puesta en marcha de planes de recursos humanos para hacer frente, por ejemplo, a las jubilaciones en el sector público o a situaciones de tensión en entes como la Seguridad Socialo el Servicio Público de Empleo.
Entre las novedades está la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad.
El encargado de anunciar la aprobación del decreto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue el titular de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien destacó como objetivo de estas medidas "modernizar la administración pública".
NUEVAS PRUEBAS. Las reformas afectan también a las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la función pública, que se modificarán para que el modelo "responda a las funciones a desempeñar en los puestos ofertados».
