A la espera de que el Instituto Nacional de Estadística (Ine) publique este jueves el dato definitivo de la inflación de noviembre, un indicador que servirá para confirmar si las pensiones contributivas se incrementan finalmente un 3,8% a partir de enero —pues se toma el IPC medio anual de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 como referente—, la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, avanzó en las últimas horas algunos datos clave. El anuncio sorprendió a los sindicatos, que esperaban conocer los detalles en la reunión del diálogo social convocada para el lunes.
En una entrevista concedida a Efe, la navarra indicó que las pensiones mínimas del régimen contributivo se revalorizarán entre un 5 y un 7% el próximo año. En Galicia, son 207.335 las prestaciones de este tipo, el 9,6% de las que se abonan en España. El peso de las mínimas sobre el total de prestaciones es del 27% en Galicia y supera el 40% entre los pensionistas del régimen de autónomos.
No obstante, los beneficiarios de una paga de viudedad —en noviembre eran 184.628 en la comunidad gallega, mujeres en un 77%— recibirán un tratamiento diferencial, al menos en algunos casos. Según la ministra, quienes tengan cargas familiares cobrarán un 14,1% a partir del próximo año, de manera que la prestación pasará de 905,9 a 1.033,63 euros en 14 pagas.
Saiz también despejó el escenario para las prestaciones no contributivas, que se actualizarán con un alza del 6,9%. En noviembre, en Galicia los perceptores de la cobertura asistencial eran 36.708 y seis de cada diez (65,5%) eran féminas. Así las cosas, la nómina media de un jubilado pasará de los 475,4 actuales a 508,2, mientras que la no contributiva para personas con discapacidad se elevará de 521,8 a 557,8 euros. Un 6,9% será también el incremento que se aplicará a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV). En el caso gallego, esta renta garantizada —que pueden solicitar quienes tengan riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad a partir de los 23 años, 18 en algunos casos— da cobertura a 91.309 personas, de las cuales 37.144 son menores, según el balance de noviembre. La ayuda mensual pasará de 565,37 a 604,38 euros para los beneficiarios individuales, en tanto que un hogar conformado por dos adultos y un menor ingresará 62,4 euros más, es decir, 967,01 euros. La ministra incide en que estas subidas garantizarán el poder adquisitivo de los pensionistas "de hoy y el futuro", además de darles certeza y seguridad.
Son el fruto de la reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021, un marco consensuado entre el equipo entonces dirigido por José Luis Escrivá y los agentes sociales y que volvió a indexar las prestaciones al IPC, además de desterrar definitivamente el factor de sostenibilidad, que ligaba el cálculo de la prestación de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida.
Lo cierto es que la horquilla de actualización que maneja el ministerio —que va del 3,8% al 14,1%— superan la evolución del índice de precios de consumo, con un avance medio del 3,6% en lo que va de año. Pero si la mira se ciñe a la alimentación, los datos hasta octubre apuntan a un repunte medio de los precios del 12,5%.
La segunda pata de la reforma del sistema público recibió luz verde de las Cortes el pasado marzo y fue la que introdujo una sobrecotización anual para financiar las pagas, elevó las cuotas sociales para los salarios más altos e introdujo la posibilidad de calcular la prestación en base a los últimos 29 años cotizados eliminando los dos peores y manteniendo la opción de elegir el periodo de cómputo actual de 25 años hasta 2040. Otro de los cambios fue fijar por ley que entre 2024 y 2027 las prestaciones mínimas contributivas se incrementarán por encima del IPC para asegurar que estén por encima del umbral de la pobreza.
La sucesora de Escrivá incide en que esas reformas se realizaron "impulsando la sostenibilidad con instrumentos que alimentan, no solamente parte del gasto, sino la parte del ingreso". En su toma de posesión, Saiz, que comparecerá próximamente ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, avanzó compromisos como "seguir rellenando" la hucha de las pensiones, revisar la jubilación anticipada para las profesiones duras y penosas y reducir la brecha de género de las prestaciones, entre otros retos.
