El Ministerio de Hacienda recaudó 9,8 millones de euros en Galicia a través del polémico impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo que tuvieron que liquidar 91 declarantes en una comunidad que fue la tercera que más contribuyó por detrás de Madrid, donde 10.302 grandes patrimonios desembolsaron 555 millones, y de Andalucía, con 865,5 ciudadanos que pagaron 29,7 millones. De estos tres territorios salieron 95 de cada 100 euros recaudados por la Agencia Tributaria (Aeat), que en el Estado ingresó 623,6 millones.
Aunque el gravamen —que afecta a los patrimonios netos de más de 3 millones de euros y que solo afecta a la parte de los bienes que no sean gravados por la autonomía correspondiente en el impuesto de patrimonio— se creó con una aplicación limitada a 2023 y 2024, este miércoles la ministra María Jesús Montero admitió que quiere ir más allá. La intención es analizar con las autonomías una fórmula permanente para que los más acaudalados aporten "en una medida proporcional" a las arcas públicas. Hasta que se produzca "ese debate" el tributo extraordinario "se mantendrá".
95 de cada 100 euros recaudados salieron de Galicia, Madrid y Andalucía. El ministerio buscó así aplacar el efecto de las bonificaciones en el tributo de patrimonio
En Galicia, la cuota media se situó en 107.692 euros, la más elevada del Estado. La presencia de las dos mayores fortunas del país —Amancio Ortega, y su primogénita, Sandra— explica esta distorsión.
Pero, ¿por qué se concentró la recaudación en Galicia, Madrid y Andalucía? Porque Madrid bonifica al 100% el impuesto de patrimonio, una figura estatal cuya recaudación está cedida al 100% a las comunidades, que pueden establecer incentivos. También lo hace Andalucía desde 2022. De su lado, la Xunta aplicó en la campaña fiscal que concluyó en julio una rebaja del 50% tras incrementar este descuento desde el 25% decretado para el ejercicio 2021. Entonces, se recaudaron 79,1 millones de 7.956 declarantes, lejos de los 91,13 millones de la campaña de 2019. En la comunidad gallega están obligados a declarar por patrimonio aquellos cuyos bienes y derechos superen los 2 millones, a lo que hay que sumar un mínimo exento de 700.000 euros y la exoneración de un importe máximo de 300.000 euros para la vivienda habitual.
La puesta en marcha del nuevo tributo fue una respuesta del ministerio a las bonificaciones autonómicas para aplacar el dumping y "avanzar en una política fiscal más progresiva", que exige "mayor esfuerzo a quienes más tienen".
La medida llevó a los gobiernos de Madrid, Andalucía y a la Xunta a acudir al Tribunal Constitucional al culpar al Gobierno de vulnerar sus competencias y atacar la autonomía fiscal. El TC admitió a trámite los recursos, pero rechazó su suspensión cautelar. Además del frente abierto en el Constitucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este miércoles que ha impugnado ante la Audiencia Nacional la orden del ministerio que aprobó el modelo para liquidar el tributo.
Y frente a la cruzada de las autonomías del PP, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha reclama mantener el tributo estatal hasta que se reforme la financiación autonómica y se garantice "un mínimo de equidad" entre autonomías.
Respecto a la recaudación, aunque no llegó a la mitad de los 1.500 millones previstos, el ministerio puntualizó que esa estimación se hizo en base al supuesto de que todas las autonomías aplicasen una bonificación del 100%.
