¿Qué retos se marca al asumir el cargo?
En primer lugar, fomentar la colegiación y velar por la ética y dignidad profesional de los administradores de fincas, profesión que debemos de poner en valor. No somos meros contables, sino que entendemos las comunidades de propietarios como entidades que precisan una gestión profesionalizada. Ya no son pequeños grupos de vecinos que se autogestionan de buena fe, sino que las obligaciones fiscales y de comunicación con la administración hacen necesario un entrenamiento permanente de nuestros profesionales para poder dar cumplimiento a todas las exigencias. Por último, hay que destacar nuestra importancia como colaboradores sociales, ya que el conocimiento que tenemos de nuestros administrados nos hace testigos de primera fila en asuntos tan importantes como la violencia de género, la soledad no deseada de nuestros mayores, los conflictos vecinales y el mal uso de las viviendas, entre otras cuestiones. No debemos perder de vista que el 80% de la población vive en una comunidad de propietarios.
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y Galicia es la comunidad con más viviendas vacías: un 29% del parque total, muy por encima de Castilla y León (22%). ¿Se le ocurre alguna forma de aliviar esta situación?
La mejor forma de poner las viviendas vacías en el mercado es dar seguridad jurídica a sus propietarios. Es un error pensar que la mayoría de las viviendas vacías son de grandes tenedores, que seguramente precisen de una regulación específica. La mayoría de los propietarios son personas que con gran esfuerzo, trabajo y privaciones han entendido que comprar un piso puede complementar su jubilación, o simplemente lo ven una forma de inversión. Por eso, garantizando que esa persona va a poder cobrar una renta adecuada y que su vivienda quedará liberada en caso de impago, contribuiremos a poner más viviendas en el mercado de alquiler, lo que a la vez hará bajar los precios.
Algunas administraciones responsabilizan a los propietarios de la escasa vivienda en alquiler y los elevados precios. ¿Cree que además es necesario construir más vivienda de promoción pública para arrendamientos sociales?
Efectivamente, la responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a la vivienda debe de ser de las administraciones públicas. Y no solo aumentando el parque de viviendas, sino garantizando también políticas duraderas sobre los alquileres, como dar más garantías ante impagos.
Con el objetivo de aliviar ese déficit de vivienda, la Xunta permite ahora convertir bajos en pisos. Y precisamente en ciudades como A Coruña, Santiago o Pontevedra los bajos son, junto a los primeros sin vivienda debajo, los únicos que pueden convertirse en alojamientos turísticos. ¿No teme que se produzca un aluvión de locales comerciales convertidos en viviendas de uso turístico (VUT)?
Ante todo, es necesario buscar una salida a los bajos comerciales sin uso, porque la imagen de abandono que dan en todos los barrios es penosa, y se convierte en un círculo vicioso. Los ayuntamientos deberían establecer, en mi opinión, un mapa de locales comerciales, y en función de la situación y características, establecer los usos. Por otra parte, las VUT no tienen por qué ser un problema si se regulan.
Siguiendo con el alquiler turístico. ¿Cómo valora las ordenanzas de algunas ciudades como las mencionadas para limitar esas viviendas turísticas a bajos y primeros sin otras viviendas debajo?
Limitar las VUT a bajos y primeros puede ser una opción para algunas zonas, pero no se puede olvidar la libertad que tiene un propietario de destinar su vivienda al alquiler, en cualquiera de las modalidades que le permite la ley de arrendamientos urbanos. Aquí también es importante distinguir al propietario particular de las empresas que tienen una actividad económica, y que se regula por otras vías.
Algunas comunidades de vecinos prohíben las VUT, pero hay casos de propietarios de vivienda turística que han denunciado este veto y han acabado en los juzgados. ¿Hasta qué punto una comunidad puede prohibirlos?
El Real decreto ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en su reforma de la ley de propiedad horizontal dice, con respecto a las VUT, que podrá «limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, y establecer cuotas especiales o incrementos en la participación de los gastos comunes de la vivienda». No habla de prohibir. Pero como en todo, volvemos al punto de partida: cuando se legisla, debe de hacerse pensando en la realidad de los ciudadanos, y para eso es preciso tener un conocimiento de campo de esa realidad.
Los propietarios de viviendas turísticas alegan que si ellos no pueden tener pisos turísticos, tampoco pueden desarrollarse otras actividades como bufetes, clínicas dentales u oficinas. ¿Es lo mismo?
La ley ya prohíbe cualquier actividad que sea molesta, nociva, insalubre, peligrosa o ilícita, por lo que depende del caso. Estoy de acuerdo en que, además del turístico, hay que regular también otros usos, no tan novedosos, pero muchas veces molestos por no adaptarse a la normativa de ruidos, por ejemplo.
Otro motivo habitual de disputas en las juntas de vecinos son las derramas. ¿Qué pasa si un propietario se niega o no tiene posibles para afrontarla cuando el resto sí quiere o bien es necesaria?
Las derramas en ocasiones son necesarias y obligatorias para todos los propietarios. Habrá que buscar mecanismos para que los que tengan más dificultades para afrontarlas puedan hacerlo, sin tener que reclamarlas judicialmente.
"La okupación de ninguna manera es una exageración. Lo que hace falta son leyes más claras y que la Justicia sea más expeditiva"
Hay un porcentaje de parque de vivienda en alquiler, sobre todo para estudiantes, que no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad. No hay más que ver algunos ejemplos en Santiago que se han hecho tristemente virales. ¿Sería necesaria una especie de Ite (Inspección Técnica de Edificios) obligatoria antes de arrendar los pisos o alguna fórmula similar?
Desde el Colegio pensamos que no solo hay que controlar el alquiler a estudiantes, sino todas las viviendas que se ponen en el mercado. La vivienda es un derecho, por lo que debe de garantizarse que se cumplan unos requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad; y las que no reúnan estas condiciones no deberían de poder alquilarse. Por otra parte, la Ite ya es obligatoria en Galicia, pero como en todo, debe de controlarse su cumplimiento efectivo
En las ciudades gallegas se sigue viendo, en mayor o menor medida, falta de rehabilitación. Sobre todo en algunos cascos antiguos, como el de Ferrol. ¿Son suficientes los incentivos para la restauración de viviendas desde la administración?
Ninguna ayuda es suficiente. Y por desgracia, las viviendas con más necesidades suelen coincidir con propietarios mayores y en general con pocos recursos. Por ello hay que facilitar ayudas, tanto directas, como indirectas, y no solo en forma de subvenciones, sino también fiscales.
Otra circunstancia que preocupa a los propietarios es la okupación. ¿Lo ve un problema de primer orden o cree que se exagera?
No es una exageración de ninguna manera. Es un problema que precisa nuevamente de una protección por parte de las autoridades que garantice el derecho, también constitucional, a la propiedad privada. Que yo un día me olvide de cerrar mi coche no le da derecho a nadie a llevárselo. Con la vivienda pasa lo mismo. Las leyes deben de ser más claras y la justicia, más expeditiva.
"La nueva ley de vivienda es un despropósito para muchos juristas. Los tribunales estudian si puede ser inconstitucional"
No todos los casos de okupación comienzan con una patada en la puerta; otros eran inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. En este sentido, las inmobiliarias se quejan de que la nueva ley de vivienda del Gobierno no da suficientes garantías al arrendador, por lo que muchos prefieren tener los pisos vacíos y se reduce el parque de alquiler, produciendo un efecto contrario al deseado. ¿Cree que esta nueva ley es mejorable?
Esta ley de vivienda es un despropósito en opinión de multitud de juristas. No será casual que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la solicitud de inconstitucionalidad de Andalucía, Madrid, Baleares y Cataluña.
