ES EL GOBIERNO el protagonista con sus borrones y sus intentos de eliminar la rebelión el protagonista en las acusaciones que formulan la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante el juicio a los políticos catalanes presos. ¿No tienen otra forma de hacer las cosas? Lo dirían claramente si hubiese convencimiento de que así se abriría una vía para dar salida, dentro de España, al problema catalán y de que la calificación de rebelión no se sostiene jurídicamente.
Después de haber levantado vientos y tempestades por uno y otro lado —¡aquellas firmas contra el Estatut por las calles de Madrid o la imagen de aquellos coches de la Guardia Civil materialmente destrozados después de la concentración ante la consejería de Economía!—, habría que sentarse constitucionalistas y secesionistas, y hablar con claridad y honradez a la ciudadanía. Escenario de una utopía o una auténtica ingenuidad, máxime con unos líderes en permanente campaña electoral y carentes de reflexión frente a los problemas.
Es una urgencia nacional abandonar la vía de la chapuza con explicación o rectificación posterior y de la demagogia como discurso. El ideario se reduce, para unos a permanecer, con el cadáver de Franco como máxima prioridad programática en la España que pone fin a la segunda década del siglo XXI. Y para otros, con el viejo salta parapetos como marca ideológica para tomar el poder y colocar a la derecha donde siempre estuvo en este país.
En este contexto, que regresa de nuevo a los bloques que impidieron la convivencia para la libertad y el progreso, y con la instrumentalización de la memoria histórica para desandar caminos de concordia y olvido, que se construyeron desde la responsabilidad, los pretendidos atajos y los silencios que cantan hasta para el oído de un sordo, acentúan el problema de la cuestión catalana e impiden la confianza general en la buena marcha del país.
