Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará al Modelo de Directivas redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, responder a los abusos en la Iglesia y demostrar integridad en este trabajo.
La Iglesia española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que sirve a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas para saber cómo actuar en caso de agresiones o abusos sexuales a menores.
La CEE ha subrayado que la Iglesia católica tiene el compromiso de "cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".
Para ello, se compromete a seleccionar y formar "cuidadosamente" a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso".
También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, "incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable".
