Consumo ordena a Airbnb retirar más de 9.600 anuncios de pisos turísticos "ilegales" en Galicia
El Gobierno avanza en su cruzada contra los anuncios "ilegales" de alojamientos turísticos convencido de que son responsables en parte de la escasez de vivienda convencional que existe en España. El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de pisos ubicados en diferentes comunidades al concluir que no cumplen la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos.
En esa cifra se incluyen los 9.647 que detectó como "ilegales" en Galicia al concluir que se publicitan sin el número de inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia o, en su defecto, el código acreditativo de la presentación de la declaración responsable. Según las cifras que maneja el Ejecutivo, son el 60% de todos los que se ofrecen en esa plataforma online.
La Justicia se pronuncia
En los últimos meses, el departamento que pilota Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones para notificar esos cerca de 66.000 anuncios que tacha de ilícitos e instar a retirarlos, pero la empresa recurrió esta acción por la vía judicial. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera de las resoluciones con un auto que avala el proceder de Consumo.
Obliga a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplirían la legislación y que corresponden a alojamientos ubicados en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
¿Por qué son ilegales según Consumo?
Desde el ministerio apuntan a tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios: que no incluyan el número de licencia o registro, algo a lo que obligan diversas normativas autonómicas; que no especifiquen la naturaleza jurídica de los arrendadores, si son profesionales o particulares, una cuestión "fundamental" para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no; y que incorporen números de licencia "que no corresponden con los expedidos por las autoridades".
Desde Airbnb no tardaron en responder. Acusan al Gobierno de usar una "metodología indiscriminada". Señalan que su listado "incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarla", como arrendamientos de temporada que no son oferta turística. Avanzan que seguirán "recurriendo todas las decisiones que afecten a este caso".
La reacción de la Xunta
También la Xunta cuestiona el proceder de Consumo. Desde Turismo consideran que la documentación remitida "carece do máis mínimo rigor xurídico e non ten o carácter de fonte pública de datos". Señalan que están "sen depurar nin cribar" y que, además de viviendas de uso turístico (VUT), aparecen otros tipos de alojamientos turísticos (como establecimientos de turismo rural o campamentos de turismo) "clasificados e rexistrados correctamente. También apuntan a alojamientos repetidos y "numerosas URL que non funcionan ou son erróneas ao non levar a un anuncio".
Defienden que la Xunta está vigilante y, siempre que detecta una ilegalidad "acreditada", activa un expediente sancionador.