Agilizan los trámites para denunciar agresiones a profesionales sanitarios

El fiscal superior de Galicia ha firmado un convenio de colaboración con los colegios oficiales de Médicos de las cuatro provincias gallegas
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photo_camera Firma del convenio de colaboración con los colegios oficiales de Médicos de las cuatro provincias gallegas. CABALAR (EFE)

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha firmado este lunes un convenio de colaboración con los colegios oficiales de Médicos de las cuatro provincias gallegas para agilizar los procedimientos en las denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, de forma que la Fiscalía podrá actuar de forma más directa y tendrá una nueva coordinación con la policía.

Lo han firmado los presidentes de los colegios oficiales de Médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, Luciano Vidán, Manuel Boquete, José Luis Jiménez y Luis Campos, respectivamente, en el despacho del Fiscal superior de Galicia en A Coruña.

El convenio establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en el caso de que se produzca un incidente violento contra un médico y poder “garantizar la eficacia en la investigación, persecución y el castigo de las correspondientes infracciones penales”, ha explicado Suances.

De esta forma, el médico debe remitir el parte de lesiones si lo hubiese, o la documentación del caso, directamente al Colegio de Médicos y este órgano procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía territorial que corresponda para que el Ministerio Público abra las diligencias de investigación penal y, en el caso de que haya indicios de delito, llevar el caso al juzgado de instrucción.

Además, Suanzes ha detallado que “la Fiscalía se compromete a realizar un seguimiento particular una vez que se incoen diligencias por el órgano judicial” y que la nueva coordinación con la policía permitirá seguir cada caso de una manera “más adecuada”.

Este protocolo, ha señalado, se aplica a los médicos de la sanidad pública y también incluye un anexo para profesionales que trabajan en empresas privadas, con un proceder similar pero con un alcance penal más limitado por no tener la condición de funcionario.

El convenio es similar al que hay en Valencia, País Vasco y Madrid, pero solo el de Galicia contempla a los sanitarios del ámbito privado, ha subrayado.

Así, el fiscal ha recordado que desde 2015 el Código Penal contempla las agresiones a “sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad”, con penas de hasta cuatro años de prisión.

El presidente del Colegio Médico de A Coruña, Luciano Vidán, ha asegurado que en 2018 el Sergas ha registrado incidentes a “500” profesionales –aunque no son denuncias formales–, cifra que contempla tanto agresiones físicas como verbales, lo que supone el doble que en 2016.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ourense, José Luís Jiménez Martínez, ha precisado que en 2018 las denuncias a colegios gallegos han sido solo por agresiones físicas, lo que pone de manifiesto que las verbales no se demandan, y ha apuntado que son números más bajos que en otras comunidades autónomas de España pero que deberían ser inexistentes.

Por su parte, el presidente de la institución pontevedresa, Luis Campos, ha destacado que “las circunstancias que llevan al incremento de estas agresiones” tienen que ver con “la crisis económica y los recortes que ha sufrido la Sanidad Pública”, porque ello supone masificación y mayores listas de espera que pueden propiciar conflictos.

En el acto, el presidente del Colegio de Lugo, Manuel Boquete, ha agradecido que este convenio haga patente “algo que antes no se denunciaba” como son “las agresiones verbales” y amenazas.

Según el Observatorio contra las Agresiones a Médicos de la OMC de España, el año pasado se registraron 490 denuncias formales de violencia contra médicos en todo el territorio nacional y, de estos, el 51 % han sido por amenazas, el 35 % insultos y el 14 % lesiones.

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