Atacar al personal de centros sanitarios acarreará multas de 300 a 15.000 euros
Sanciones de 300 a 15.000 euros, la opción de exigir el abono de los gastos de asistencia sanitaria que requiera un profesional que sea víctima de una agresión en un centro sanitario o fuera debido a su actividad, además de la potestad de cargar la factura de los daños causados en las instalaciones. Son algunas de las novedades que comprende el anteproyecto de ley por el cual se modifica la Lei de Saúde de Galicia, que la Xunta somete a información pública hasta el 23 de mayo con el fin de recoger sugerencias para su remisión en verano al Parlamento para su aprobación en septiembre.
La actualización del texto llega después de que sindicatosn y trabajadores redoblasen la presión sobre el Sergas después de que en febrero un enfermero de urgencias del Chuac fuese atacado con una navaja por un paciente.
En la exposición de motivos del texto, la Consellería de Sanidade reconoce que el problema, que califica de "sistémico", sigue "unha tendencia crecente" pese a que el Código Penal fue reformado para equiparar a los sanitarios como autoridad pública en el delito de atentado.
El texto, que introduce una definición amplia de lo que se entiende por "violencia no ámbito sanitario", especifica que este concepto abarca la violencia física o verbal ejercida por pacientes, familiares o acompañantes contra los profesionales del ámbito sanitario en el ejercicio de sus funciones o "con ocasión delas". Esto da soporte, por ejemplo, a un facultativo que sea atacado en el supermercado como consecuencia de su profesión.
A efectos de la normativa, además de médicos, profesionales de la Enfermería, auxiliares y otros sanitarios, tendrá cobertura el personal de administración, admisión, traslado de pacientes, los inspectores y "calquera outro" trabajador que, sin tener una labor estrictamente asistencial, "garde unha relación" con la actividad en centros sanitarios, domicilio del usuario o que trabaje en el transporte en ambulancia o helicóptero.
El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, abordó este viernes el texto con representantes de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los colegios médicos, de enfermería y de psicología.
Entre las respuestas posibles a un episodio violento, la reforma introduce la posibilidad de asignar otro profesional sanitario al infractor, que también podrá ser cambiado de centro sanitario por un máximo de cinco años, además de prever medidas de movilidad del personal para proteger a las víctimas de estas agresiones. Para ello, la Xunta podrá suscribir convenios de colaboración con otras administraciones.
En cuanto a recursos, el Sergas pondrá a disposición de las víctimas de un acto violento un equipo específico de apoyo psicológico. A esto se sumará un servicio jurídico encargado de tramitar las denuncias que se presenten.
Insultos y daños leves en instalaciones acarrearán multas de 300 a 1.500 euros
La norma, que sitúa a Galicia como comunidad pionera al dar amparo a los trabajadores del transporte sanitario y de emergencias, tipifica las infracciones leves, graves y muy graves con sanciones que van de 300 a 15.000 euros.
Así, por ejemplo, faltar al respeto o insultar a estos profesionales, incurrir en conductas que alteren el funcionamiento de estos servicios o destruir o deteriorar instalaciones o sus equipamientos llevará aparejadas multas de 300 a 1.500 euros siempre que sean consideradas infracciones leves.
En cambio, la resistencia, las amenazas, la coacción y las represalias, la reincidencia en ilícitos leves en los últimos 12 meses, la destrucción de instalaciones y equipos que afecten a la operativa de un centro y cualquier otra forma de presión que tenga consideración grave conducirán a multas de 1.501 a 3.000 euros.
Serán catalogadas como muy graves —penalizados con entre 3.001 y 15.000 euros— las agresiones físicas y la reincidencia en hechos graves en los cinco años anteriores a los hechos objeto de evaluación.
En el texto, el Sergas establece que la graduación de la sanción se establecerá atendiendo a hechos como el incumplimiento de advertencias previas, al número e personas que se pusieran en riesgo o que resultasen afectadas, "especialmente se se trata de colectivos vulnerables" y atendiendo "á gravidade da alteración sanitaria producida".
A debate: guardias de seguridad en las ambulancias
El conselleiro de Sanidade señaló que la Xunta va a "intentar traballar na posibilidade" de que en el transporte de emergencias puedan ir, por ejemplo, guardias de seguridad privada. "É un tema que imos empezar a falar, pero que non depende de nós", indicó Caamaño.
La formación en materia de violencia en el ámbito sanitario computará como mérito en los procesos de selección y provisión de plazas del Sergas, así como para progresar en la carrera profesional. La Xunta creará un registro único de actos de violencia y aprobará el Plan galego de prevención contra a violencia no ámbito sanitario con distintas medidas.