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Áurea Soto niega que cometise prevaricación en la legalización de viviendas

Áurea Soto, en la primera sesión del juicio en el juzgado de lo penal número dos de Ourense
Áurea Soto, en la primera sesión del juicio en el juzgado de lo penal número dos de Ourense
La exconcejala de urbanismo de Ourense asegura que nadie la avisó de posibles irregularidades. El juzgado tendrá que dilucidar la pertinencia del pago por parte del Ayuntamiento de una indemnización de 358.000 euros a la propietaria del edificio que les demandó

La exconcejala socialista Áurea Soto ha negado este martes la presunta comisión de un delito de prevaricación durante su etapa como responsable del área de urbanismo de Ourense relativo a la concesión de licencia a los edificios y el aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Antonio y ha alegado que "nadie me avisó" de posibles ilegalidades.

Soto ha hecho esta afirmación durante la primera sesión de juicio -de las tres previstas- celebrado en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense en medio de una gran expectación mediática.

Arropada por el exalcalde Agustín Fernández y el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, así como varios concejales de la Junta de Gobierno, ha sostenido que "nadie" le manifestó dudas sobre posibles problemas derivados de la legalización de ese conjunto y ha asegurado que tampoco "profundicé" en la situación en que se encontraba cuando entró en la concejalía en el año 2007.

"Hablamos muy poco y cuando entré teníamos 20 días para incoar un expediente de legalización", ha declarado Soto, quien ha defendido que era necesario actuar a fin de evitar la demolición de los edificios, en los que residían un centenar de personas.

A preguntas del fiscal y de la acusación, se ha remitido a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que instaba al ayuntamiento a "proceder a la legalización de las viviendas" al haberse admitido el recurso de inejecución.

Para ello, Soto ha declarado que decidió contratar a una persona especializada en urbanismo, a la postre, Carlos Hernández, también imputado por estos hechos, quien actuó como asesor externo, por entender que era un profesional "de prestigio" y con una opinión "no sesgada" sobre la situación municipal.

Por su parte, Carlos Hernández ha explicado que fue la concejala socialista quien le solicitó su opinión para ver qué se podía hacer a fin de evitar la demolición de las viviendas y del aparcamiento. El abogado ha defendido su informe sustentándose en el Plan General de Ordenación Municipal de 2003 para defender su uso como parcela con carácter privado frente a la sentencia que dictaba el carácter público de la zona, argumento que contó con la discrepancia de un técnico y la viceasesora jurídica municipal.

Durante el receso, el abogado que ejerce la acusación particular, Antonio Rodríguez Miranda, ha explicado que concurren dos delitos contra la ordenación del territorio y otros dos de prevaricación al entender que se "traspasaron los márgenes de la legalidad administrativa" que ha sido "perjudicial para los intereses públicos".

Por estos hechos, la socialista se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación para cargo público, por un delito de prevaricación urbanística, que la acusación particular eleva a 21 años. La petición para Carlos Hernández se reduce a diez años como "cooperador" en estos hechos.

Asimismo, el juzgado tendrá que dilucidar la pertinencia del pago por parte del Ayuntamiento de Ourense de unos 358.000 euros en concepto de indemnización a la propietaria del edificio que les demandó.

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