Competencia investiga la adjudicación de rutas de transporte escolar a Utes en Galicia

La Comisión Galega da Competencia (CGC) investiga la posible concurrencia de prácticas anticompetitivas en la licitación en 2021 por parte de la Consellería de Educación de un contrato para la cobertura de las rutas de transporte escolar a 424 centros públicos de las cuatro provincias repartidas en 57 lotes, con un presupuesto base de 93,4 millones de euros y por tramitación urgente.

Según informó el organismo en un comunicado, la subdirección de investigación del CGC ha incoado un expediente sancionador para dilucidar si se vulneró la ley de defensa de la competencia. Con 24 meses por delante para la instrucción y resolución del asunto, Competencia constata que la apertura del procedimiento "no prejuzga el resultado final ni la responsabilidad de las entidades investigadas".

No obstante, incide en que la investigación de posibles comportamientos anticompetitivos en los procesos de contratación pública "constituye una prioridad" teniendo en cuenta "la gravedad de sus efectos sobre los derechos e intereses de los ciudadanos y la administración pública".

En el foco está la adjudicación a uniones temporales de empresas (Ute) de transporte escolar, que se realizó por dos años. El ente presidido por Ignacio López-Chaves explica que, en caso de que se detecten "indicios suficientes de práctica prohibidas" se realizará una propuesta de sanciones.

Y anticipa que las conductas consistentes en acuerdos entre competidores para repartirse el mercado tienen consideración de "infracciones muy graves" por lo que pueden acarrear multas "que alcanzan hasta el 10% del volumen total de negocios mundial consolidado" de la compañía infractora en el ejercicio anterior a la imposición de la multa.

La Xunta incide en su "respecto" al procedimiento y prevé "colaborar no que requira" la Comisión Galega da Competencia

En paralelo, la ley de contratos públicos fija que este tipo de prácticas puede acarrear la prohibición para contratar con el sector público. En este sentido, este organismo adscrito al Instituto Galego de Consumo e da Competencia recuerda que tiene en marcha un programa de clemencia que permite a empresas y a directivos "implicados en cárteles colaborar voluntariamente" aportando información escrita o verbal, un paso que puede traducirse en una exención total o parcial de las sanciones que puedan imponerse e incluso la "exclusión o atenuación" del veto a la participación en licitaciones públicas.

Las Utes coparon las adjudicaciones

Según consta en la plataforma de Contratos Públicos de Galicia, los diferentes lotes se adjudicaron por importes que oscilaron entre los 426.894 y los 2,4 millones de euros por un plazo inicial de dos años. Entre las compañías beneficiarias predominaron las Utes.

En junio de 2023, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la adjudicación de un lote de rutas adjudicado porque la Ute beneficiaria estaba dominada por Monbus al 97%. Además, los magistrados apuntaron a la participación que la compañía tenía en otras uniones de empresas que se hicieron con otros de los lotes en los que Educación dividió entonces el contrato de transporte escolar.

Anteriormente, el TSXG ya había anulado la adjudicación de otros dos paquetes de rutas al estar las Utes dominadas por Monbus y asestó un tirón de orejas a la Xunta al señalar que esta circunstancia "tenía que haber sido apreciada por la mesa de contratación, por el órgano de contratación y, finalmente, por el tribunal". Entonces, el TSXG defendió que estos órganos debieron aplicar los límites previstos por ley y en el pliego de la licitación, que acotaba los lotes que un mismo licitador podía obtener.

En cambio, en abril den 2024, la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG volvió sobre sus pasos y decretó que la Xunta no excedió el número máximo de lotes asignado en el caso de Monbus. Tras analizar las pruebas aportadas por la compañía, el tribunal descartó que se pudieran computar para la suma total los paquetes a los que únicamente optaron las Utes participadas por el grupo lucense.

Presidencia "colaborará" con Competencia y trabaja en la licitación del nuevo contrato, que incentivará la participación de empresas pequeñas

Fuentes de la Consellería de Presidencia, que ahora gestiona el transporte escolar dentro de sus competencias en materia de movilidad, incidieron en que "a Xunta respecta os procedementos administrativos e xudiciais" y se dispone a "colaborar no que requira" Competencia en el proceso en curso. La consellería destaca que el órgano vela por "promover e garantir o correcto funcionamento da competencia no mercado". 

De cara al próximo curso, en junio, el conselleiro Diego Calvo anunció la licitación por más de 90 millones de la cobertura de 1.490 rutas de transporte escolar y de otras 2.000 de transporte compartido para garantizar el servicio a 81.000 alumnos de enseñanzas obligatorias. Como novedad, indicó que el número de contratos se elevaría de 57 a 71 para permitir la participación de empresas pequeñas.