Los extranjeros con residencia en vigor crecen en Galicia al doble de ritmo que en España
En Galicia vivían 157.743 extranjeros con residencia legal al finalizar de 2025. Son 12.627 más que un año atrás, con lo que crecieron un 8,7% en el transcurso de esos doce meses. Es decir, un ritmo que está cerca de duplicar el 4,5% de aumento que marca la media de España y que es todavía mayor en las provincias interiores, con Lugo y Ourense por encima del 10% mientras Pontevedra y A Coruña se mueven, décima arriba o abajo, respectivamente, en torno al 8%.
Aunque en esta disparidad respecto del promedio estatal también influye que la gallega sea la sexta comunidad autónoma con menor número total, tan solo por encima de Asturias, Cantabria, Extremadura. Navarra y La Rioja, que son territorios, además, con un volumen de población muy inferior.
Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –y que recogen a los extranjeros con documentación de residencia en vigor, ya que la Estadística Continua de Población del Ine cifra en 359.870 los vecinos de Galicia que han nacido fuera de las fronteras de España–, reflejan el contexto geopolítico global.
Aparte de mantenerse la destacada afluencia de países tradicionalmente aportadores de inmigrantes, como Colombia, Marruecos, Perú, Cuba, Portugal o Senegal, sea por cuestión de proximidad, sea por sus vinculaciones con la diáspora gallega y por la mayor facilidad para la obtención de papeles, como ocurre con los países de Latinoamérica, se observa asimismo una continuidad en la recepción de venezolanos, que, movidos en buena medida por la situación política del país, incorporaron 2.783 integrantes en un año y casi han duplicado su número de permisos en el último lustro.
Por su parte, los oriundos de Mali, uno de los principales emisores de refugiados hacia España, casi se triplican, al pasar de 158 a 453 residentes en Galicia. En cambio, los ucranianos aparecen estables, con cerca de 4.000 residentes, tras dispararse su llegada a raíz de la invasión rusa.
Predominan los portugueses
En cualquier caso, continúa primando el factor de la vecindad: los portugueses, con 26.514 afincados, son los extranjeros con mayor presencia en esta estadística –los ciudadanos de un Estado miembro de la UE o del espacio económico europeo que van a residir en España por más tres meses deben solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros–.
Le siguen venezolanos (17.147), rumanos (11.964), colombianos (11.264) y marroquíes (9.819).
Entre los residentes sujetos al régimen de extranjería –en términos generales, los extracomunitarios–, que son 78.052 en Galicia, las autorizaciones de residencia de larga duración nacional, que permiten residir y trabajar indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles, son lo más común, con 22.805 concedidas.
Luego vienen, con 15.249 –casi uno de cada cinco casos–, las temporales por arraigo, las cuales requieren estar en España un mínimo de dos años y tener vínculos familiares o justificar que se está integrado en la sociedad a través de un informe del Gobierno autonómico o municipal. Las relacionadas con el trabajo por cuenta ajena, propia o con compatibilidad entre ambos aúnan más de 11.000.
También son relevantes las 3.103 por reagrupación familiar, las 2.576 por tener familiares de nacionalidad española o las 1.221 otorgadas por protección internacional.
Más de 7,5 millones en toda España
Por provincias, de estos 157.743 extranjeros con documentación de residencia en vigor –que son un 76% más que una década antes, tras sumar más de 68.000 personas–, 61.955 tienen domicilio en A Coruña, 50.475 en Pontevedra, 22.669 en Lugo y 22.644 en Ourense.
En toda España, alcanzaron las 7.500.944 personas. En detalle, 3,8 millones disponían de un certificado de registro de ciudadano de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio; casi 3,5 millones residían con una autorización en régimen de extranjería y otros 199.469, a través de una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) del Acuerdo de Retirada para las personas de nacionalidad británica y sus familiares.