La Fegamp da una semana a la Xunta para pactar la financiación del SAF y evitar una batalla judicial
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, planteó este martes un ultimátum a la Consellería de Política Social en relación a la necesidad de llegar a un acuerdo para aumentar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), una prestación que en varios concellos alcanza ya un coste por hora de "entre 24 e 25 euros".
El también alcalde de Vilagarcía advirtió al departamento que gestiona Fabiola García que los concellos, que ahora reciben unos 12 euros desembolsados por la Xunta con fondos propios y del Estado -teniendo que hacerse cargo "case do 50%" restante, pues la contribución del usuario "é menor"-, no están en condiciones de "aguantar" más allá de este mes de enero. "Ou chegamos a un acordo inmediato, e creo que a consellería sábeo, ou haberá unha proposta, que deberá ser refrendada pola executiva, de acudir á vía xudicial. Creo que o interesante é chegar a acordos e ver que os concellos non estamos reivindicando fondos por reivindicar", recalcó Varela.
El socialista, que pilota el ente municipalista desde el año 2020, recalcó que, sin ese pacto, las arcas de "moitísimos concellos resentiranse", sobre todo "as dos máis pequenos".
La decisión final podría adoptarse el martes, cuando la Fegamp reunirá a su ejecutiva. "Ou debatemos o acordo ou debatemos algunha outra medida", advirtió Varela, que recalcó que la ley de dependencia establece que gobiernos autonómicos y Estado deben financiar el 100% del coste del SAF, aunque la gestión recaiga en los ayuntamientos.
En esta línea, recordó que también falta "mellorar" el nuevo protocolo de seguridad para el personal del SAF, que elaboró el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, a petición de Xunta, Fegamp y de los agentes sociales. Varela advirtió que esta cuestión también "inflúe" en que "se poida avanzar" en la cuestión de la financiación.
Todo ello sin olvidar "os outros retos" que tiene le SAF, como son las dificultades para encontrar personal, "a remuneración escasa" que reciben los profesionales, en su mayoría mujeres, y la necesaria actualización del convenio colectivo, que lleva años vencido.
Acompañado por la secretaria general de la federación, la socialista Patricia Vilán, Varela recordó que hace un año trascendió que nueve ayuntamientos fueron objeto de expedientes sancionadores por parte de Política Social por la gestión del SAF, un problema que la Fegamp achaca a la falta de recursos y ante el que lamenta que resultase imposible alcanzar "un acordo" con la consellería para retirar las multas. Convencido de que "non parece razonable" que se impongan sanciones "por non poder prestar as horas", Varela señaló que el Concello de Xermade remitió una carta a la consellería para informar de que le resulta "imposible seguir prestando" el servicio "tal e como está nestes momentos".
En esta línea, el máximo representante de la Fegamp también admitió que le hubiese gustado reunirse con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para abordar la situación de la dependencia en Galicia.
La Fegamp reivindica actualizar el Pacto Local de 2006
Fue en un encuentro con los medios en el que el socialista hizo repaso de los retos del organismo de cara a 2026, entre los cuales fijó sellar un nuevo Pacto Local que defina el marco de competencias y la financiación local, toda vez que "o 90%" del rubricado con la Xunta en 2006 está "por desenvolver". "Ese Pacto Local podería ser mellorable", reflexionó Varela, que ve esencial "poñer datas concretas" para el cumplimiento de los diferentes hitos, entre los que situó la asunción por parte de la Xunta del mantenimiento de los colegios de enseñanza primaria.
En este punto, constató que entre los escasos frutos de ese marco figura la integración de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia al Sergas, que se hizo efectiva este enero, y la asunción por parte de la Consellería de Educación de los gastos de gasóleo de las calefacciones de los centros escolares.
Con el melón de la reforma de la financiación autonómica abierto, la Fegamp también reivindica más recursos para los municipios. "Non pode ser que, unha vez repartida toda a tarta, despois nos acordemos dos concellos", recalcó Varela. La intención es trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Xunta la necesidad de aumentar la financiación y buscar una vía para que las entregas a cuenta no dependan de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Este año, los concellos esperan recibir 1.670 millones al prorrogarse las entregas a cuenta mediante un decreto que debe ser convalidado por el Congreso. Si este trámite no prospera, se quedarían con los 1.420 millones que derivan de los presupuestos del Estado de 2023, que han sido prorrogados por tercera vez. Todo ello a expensas de que pueda materializarse el anuncio del Gobierno de elevar estos recursos -que dependen de las estimaciones de la evolución de la recaudación fiscal- un 8,5%, lo que se traduciría en 1.850 millones.
En un escenario en el que los ayuntamientos "dependen en exceso" de las transferencias de otras administraciones, Varela señaló que esto "dificulta a planificación" a los gobiernos locales, que se ven sometidos a "estrés". Con plazos a cumplir para ejecutar inversiones, el primer espada de la Fegamp admitió que "ás veces" los municipios se ven abocados "a devolver fondos". De ahí que reivindiquen un marco de financiación más estable.
Además, el ente pone sobre la mesa la creación de "un fondo anual complementario" cuyos criterios de reparto atiendan al "custo real" que entraña la prestación de servicios, como pueda ser el volumen de población o el envejecimiento.
El impacto del clima preelectoral
Varela, que lamenta que "a crispación política a nivel estatal" y cercanía de las municipales de 2027 " dificulten chegar a acordos", explicó que el nuevo Pacto Local debe tomar como base el estudio de delimitación de competencias que la Xunta encargó a la USC, cuyas conclusiones se expusieron a finales de 2022. Además, avanzó que en próximas fechas la federación presentará el informe que debe traducir a cifras la infrafinanciación derivada de las competencias impropias, encomendado a profesores universitarios entre los cuales figura Xoaquín Fernández Leiceaga. A falta de que los detalles trasciendan, la Fegamp eleva a 700 millones la factura derivada de las competencias impropias, una cifra que la Xunta ha cuestionado sin llegar a presentar "ningunha cifra que o desminta".
En su intervención, el presidente del ente también lamentó que, "en ano e pico", la comisión técnica para la delimitación de las competencias autonómicas y locales no llegase a reunirse, pese a que se convino celebrar encuentros "cada dous meses". En esta línea, también recordó al titular de la Xunta que los ayuntamientos siguen a la espera de que se convoque la Comisión Galega de Cooperación Local, con la futura Lei de Administración Local en la que trabaja la Xunta entre los puntos a tratar, además de los presupuestos autonómicos .
"Así é difícil chegar a acordos", censuró Varela, que expresó su descontento con el hecho de que la Xunta aprobase mediante decreto el convenio con Seaga para la limpieza de las franjas secundarias al "non aceptar nin unha soa das alegacións da Fegamp".
"Para chegar a acordos, ten que haber espírito de colaboración, unha cesión de todas as partes e negociación", señaló el socialista, que constató que, año tras año, las demandas de la Fegamp se repiten y que insistió en que la institución "representa a todos" los 313 concellos y a las cuatro diputaciones.
Una hoja de reclamaciones en la que vuelve a figurar, por ejemplo, la petición de que la Xunta financie al 100% la gratuidad de las escuelas infantiles de titularidad municipal, pues la Fegamp censura que, mientras "as privadas" reciben "ata 300 euros por alumno, las que gestionan los concellos "non chegan á metade".