El Gobierno desvela si el plan de choque gallego para agilizar la dependencia acaba en el Constitucional

El Gobierno central decidirá este martes si lleva a la Xunta ante el Tribunal Constitucional (TC) por varios artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2025. Tras convocar la comisión bilateral de cooperación Xunta-Estado en marzo y consultar al Consejo de Estado, este martes llega a término el plazo para que el Consejo de Ministros autorice la presentación del recurso.

En el foco están tanto la política energética de la Xunta como una simplificación de trámites en el campo de la vivienda y la disposición adicional que establece el reconocimiento de un grado de discapacidad cuando se haga la valoración de la dependencia.

En esta última cuestión —que conlleva otorgar una discapacidad del 33% a los dependientes de grado I, que será del 66% cuando el grado sea II y absoluta para los grado III— puso este lunes el foco el presidente gallego. En la rueda de prensa posterior al Consello, Alfonso Rueda confió en que el proceso de negociación emprendido por el Gobierno central "se resolva tendo en conta as alegacións da Xunta e que non se paralice por un recurso un plan que está demostrando a súa efectividade".

En defensa de su hoja de ruta, señaló que la Consellería de Política Social desplegó ante el Ministerio de Política Territorial "argumentos xurídicos razoables" para que el plan de choque de la dependencia se pueda mantener aun cuando, destacó, supone "un esforzo orzamentario importante".

Precisamente, el Gobierno gallego hizo balance este lunes de la marcha del programa activado en enero. Centrado en la reducción de trámites y "tempos" para que los dependientes y sus familias puedan acceder a las prestaciones "canto antes", el plan permitió resolver de forma favorable 56.174 expedientes hasta agosto, un 99% más que en el mismo periodo de 2024.

Según detalló el presidente, fruto de esta iniciativa, ahora son 18.070 personas más las atendidas en dependencia, en tanto que en discapacidad se emitieron 38.104 resoluciones favorables.

Solo entre julio y agosto se otorgaron 12.000 nuevas altas, el doble con respecto al verano de 2024. El cuádruple de fondos. En términos económicos, la atención de las nuevas altas registradas en los ocho primeros meses del año requirió de una partida de 70 millones, prácticamente el cuádruple que los 18 millones de 2024.

En esta tesitura, el Ejecutivo gallego insta al Estado a "cumprir" con la Ley de Dependencia, que fija la financiación de los servicios y prestaciones al 50% entre Gobierno central y autonomías. Tomando como referencia 2024, Política Social denuncia que la aportación del Estado se situó en el 34% de la factura total.

¿Cuáles son los argumentos del Gobierno central en el conflicto contra la ley de acompañamiento gallega?

Defiende que la determinación del grado de discapacidad ha de regirse por el baremo establecido por el decreto estatal de 2022. El Ejecutivo teme que lo dispuesto por la Xunta pueda "afectar" al sistema de la Seguridad Social en lo que toca al reconocimiento de "determinadas prestaciones", entre las que cita la ayuda asistencial que se entrega por cada menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%. energía.

En materia energética, el Estado cuestiona varios preceptos de la ley de acompañamiento. Entre ellos figura el que obliga a los promotores cuyos parques eólicos hayan llegado al final de su vida útil a repotenciarlos sustituyendo los aerogeneradores por otras máquinas más potentes. Al no incrementarse la potencia instalada, el Gobierno gallego persigue con ello reducir el impacto visual de los parques, que quedarían conformados por menos molinos, aunque de mayores dimensiones.

En este punto, el Gobierno central argumenta que imponer "una obligación tal a los operadores" resulta "especialmente gravosa" en términos jurídicos y económicos. Y no pierde de vista que, dada la elevada edad media del parque eólico gallego, gran parte de los promotores podrían verse afectados. Es por ello que vislumbra en la medida "un importante factor de desestabilización", según recogía la argumentación remitida a la Xunta el pasado mes de marzo, que incidía en que en el resto de comunidades el sector no está expuesto a estos "sobrecostes". Entre los diversos elementos de choque en materia energética, el Gobierno también cuestiona que la Xunta pueda establecer zonas de aceleración de las renovables.