El Gobierno no quiere universidades con menos de 4.500 alumnos: ¿Cómo afecta a Galicia?

El plan del Gobierno para limitar la apertura de nuevas universidades en un país que cuenta con 50 públicas y 41 privadas tendrá impacto en Galicia en diversos aspectos. El borrador del proyecto de decreto que modifica la norma de 2021 con la que se reguló la creación, reconocimiento y autorización de estas instituciones tendrá efecto retroactivo, pues el documento, de 38 páginas, concede un plazo de "hasta tres años" a contar a partir de la entrada en vigor del texto a las universidades que están operativas para "adaptarse a los nuevos requisitos". De su lado, los ya creados o reconocidos por ley, pero que aún no tengan autorización para iniciar su actividad, contarán también con tres años para ajustarse.

Entre las exigencias figura contar con más de 4.500 alumnos matriculados. El texto fija que el Gobierno autonómico o el Ministerio de Universidades tendrán que "corroborar" que se cumple este parámetro, que en el caso de los centros que puedan crearse desde cero ya con el decreto en vigor deberá alcanzarse a los cinco años de comenzar a impartir clases. Incumplir este parámetro podrá acarrear la revocación de la autorización.

En Galicia, la USC supera los 25.500 inscritos computando toda su oferta. La UVigo cuenta con más de 20.100, en tanto que la UDC supera los 13.300 contando solo sus 54 estudios de grado. De su lado, la única organización privada operativa y con base en Galicia, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), impulsada por Abanca, inició su andadura con 250 estudiantes en el curso 2022-2023 en las cuatro titulaciones impartidas en sus campus de A Coruña y Vigo. Según los datos del ministerio, en el curso 2023- 2024 los inscritos fueron 259.

A la espera de realizar un análisis más sosegado del borrador, contra el que se podrán presentar alegaciones, fuentes de la UIE incidieron en que el baremo del número de matriculados "é unha cifra difícil de alcanzar" teniendo en cuenta "a poboación e tamaño de Galicia". Además, la institución que dirige Miguel Ángel Escotet señala que esta imposición "podería entrar en contradición co que se pretende, que é garantir a calidade".

"Dende o noso punto de vista, a masificación e a calidade non son compatibles e esta cifra levaría a incrementar notablemente o número de estudantes por sección", refirieron. En todo caso, la UIE incide en que cumple "todos os requisitos" fijados por la normativa estatal en vigor, la Xunta y por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario (Acsug). Además, señala que es la única universidad laica creada como institución sin fines de lucro y que está "rexistrada como tal".

Cesuga llama a no perder de vista la burocracia en la aprobación de nuevos títulos

Cesuga, que inició en 2021 los trámites ante la Consellería de Educación para convertirse en universidad privada y que imparte títulos propios, aunque expedidos y convalidados por la Universidad San Jorge de Zaragoza, también está en el foco. Al director general, Venancio Salcines, la reforma no le causa inquietud y concuerda con el Gobierno en que toca "prestigiar" la educación en este nivel. No obstante, teniendo en cuenta que la reforma fija que la oferta académica deberá estar conformada por un "mínimo" de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres de doctorado, el economista incide en que debe preverse la implantación gradual de los estudios de posgrado en instituciones que inician su andadura empezando con una oferta de grados.

Sí ve "lógico" que se exija dedicar al menos un 5% del presupuesto total a programas de incentivación de la investigación, al igual que también avala que se requieran garantías que aseguren la sostenibilidad económica de las instituciones privadas. Hasta ahora, constata Salcines, solo lo exigía la normativa vasca.

En cuanto a los 4.500 alumnos, concuerda con la UIE en que el Gobierno deberá repensarlo, máxime con las características demográficas de Galicia y visto que la autorización de nuevas titulaciones por parte de la Acsug puede demorarse varios años. "Sin grados, no hay estudiantes", recalca.

Las plazas en residencias, un nuevo reto

El borrador establece que tanto las universidades públicas como las privadas, "para su creación y reconocimiento", deben disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de grado previstas en la memoria para el cuarto año de funcionamiento o en el quinto en el caso de dobles grados. La oferta deberá estar "operativa" en el tercer año de actividad. Esto "no será de aplicación obligatoria" a las instituciones en funcionamiento.

El borrador exige captar el equivalente al 2% del presupuesto anual en convocatorias, programas y contratos de I+D+i tras 5 años de actividad.

La Xunta lamenta la falta de "diálogo" con las comunidades

La Consellería de Educación lamenta que el Gobierno "renuncie, unha vez máis ao diálogo coas comunidades" a la hora de endurecer los requisitos para las universidades privadas, optando "por anuncios sen planificación". En todo caso, recalca que la ley autonómica "xa esixe un informe previo" de la Acsug, del Consello Galego de Universidades y de la Conferencia Xeral de Política Universitaria. A mayores, cada titulación debe someterse "a unha verificación positiva da Acsug". La Xunta también exige "destinar partidas a becas" y a la investigación y "a viabilidade financeira".