El Gobierno rechaza la caza del lobo tras sumar 36 nuevas manadas en diez años
Pese a la modificación de la Directiva Hábitats de la UE que redujo el estatus de protección del lobo, pasándolo de especie "estrictamente protegida" a la categoría de "protegida", y a que el Congreso aprobó retirar al depredador del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el Gobierno central se opone a que las autonomías permitan abatir ejemplares como vía para reducir los ataques al ganado. El censo nacional publicado este viernes, que cifra en 333 las manadas en toda España y que ha sido confeccionado en base a los datos recopilados entre 2021 y 2024 por los gobiernos autonómicos, sirve de munición al Ministerio para la Transición Ecológica, que a la vista de esta radiografía insiste en que la especie —representada por entre 1.600 y 1.700 ejemplares— "está en una situación desfavorable".
Sus argumentos centrales son dos. De un lado, el Ejecutivo defiende que existe consenso científico en relación a que, para asegurar la viabilidad genética a largo plazo, debe alcanzarse un mínimo de 500 manadas. La cota está lejos de las cifras actuales puesto que con respecto al censo anterior, confeccionado con datos de 2012 a 2014, solo se habrían detectado 36 manadas más que las 297 de entonces. Y hay que tener en cuenta que el periodo que abarca el estudio coincide con los años en los que el animal gozó de la máxima protección.
De otro, el ministerio se escuda en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resolvió en una sentencia que partió de una acción impulsada por la asociación Ascel contra el Gobierno de Castilla y León en julio de 2024 que para establecer el estado de conservación, el análisis no debe limitarse "a nivel local", sino que debe ser más amplio, "incluso transfronterizo", analizando la situación en áreas como la península. Y cabe tener en cuenta que al sur del Duero la especie sigue en el Lespre.
A falta de que comunidades y ministerio debatan las conclusiones del nuevo censo en la conferencia sectorial que se celebrará el 11 de julio —y que servirá de paso previo al envío de los datos sexenales a la Comisión Europea, que ha dado de plazo hasta el 31—, fuentes del Gobierno indicaron ayer que "para despejar cualquier duda" toca "acudir a la interpretación" que hace el TJUE.
Defienden que "el estado desfavorable o no deviene" de la presencia del animal "en todo" el país, pues las especies silvestres "no están empadronadas en ningún sitio", ironizan. Así, para el ministerio pesa más "el hecho de que el lobo haya sido exterminado y no recuperado en parte del territorio", que el aumento que pueda reflejar el censo al norte del Duero. Transición Ecológica concluye que no se trata de una especie "sujeta a gestión cinegética", de manera que "no caben controles letales".
En Galicia, el TSXG aludió precisamente al criterio del TJUE para decretar el pasado 11 de junio la paralización cautelar del régimen de gestión que la Xunta activó después de que se oficializara la salida del Lespre, un marco que preveía la autorización de esperas, batidas y monterías parar aquellos casos en los que se justificasen daños recurrentes en las explotaciones.
Diferentes criterios judiciales
En cambio, los tribunales superiores de justicia de Cantabria y Asturias tumbaron los recursos presentados contra los protocolos de control autonómicos, que prevén unos cupos de animales que se podrán abatir. En base a los 94 que se podrían cazar en estos dos territorios, el Gobierno señala que esto supondría la "eliminación de 20 manadas", con lo cual el estado de conservación involucionaría . En los montes cántabros, ya han caído 9 ejemplares en plena época de reproducción de 41 previstos.
"Non podemos consentir que por facer primar conceptos ideolóxicos ao final, non se poida facer ningunha xestión do lobo", advirtió este viernes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez
"Non podemos consentir que por facer primar conceptos ideolóxicos ao final, non se poida facer ningunha xestión do lobo", advirtió la conselleira de Medio Ambiente, que volvió a insistir en que Galicia no ha autorizado "a caza", sino hacer "unha xestión" en los lugares en los que se dan ataques "continuados". El departamento, que alega que Galicia sufre "unha media de dez ataques diarios" y que sostiene que tras pasar de 84 a 93 manadas entre 2014 y 2024 se puede afirmar que la especie está en un estado de conservación "favorable", celebró que la Xunta y otros 12 gobiernos autonómicos lograsen que el ministerio retirase el debate sobre el informe sexenal del orden del día de la comisión sectorial convocada para ayer para poder estudiar la documentación, de la que no dispusieron hasta este viernes.
Respecto a las ayudas a los ganaderos, el ministerio se ampara en la salida de la especie del Lespre para dejar de cofinanciar las indemnizaciones. Con todo, sostiene que está evaluando "la potencial aplicación de los 20 millones de euros anuales" repartidos a las comunidades entre 2022 y 2024 para "la aplicación de medidas de protección del ganado".