Medio Ambiente defiende ante el TSXG el carácter "estratéxico" de la ganadería frente al lobo
La Consellería de Medio Ambiente se dispone a dar la batalla contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de suspender, de forma cautelar, la resolución con la que la Xunta reguló el régimen de gestión del lobo para la temporada en curso permitiendo que, de forma puntual y sobre la base del número de ataques, se autoricen esperas, batidas o monterías.
El TSXG argumentó que aplicar esta hoja de ruta, que en la práctica suponía recuperar el Plan de xestión do lobo de 2009 —un paso que el Gobierno gallego dio después de que las manadas operativas al norte del Duero fuesen retiradas en marzo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre)— podría poner en riesgo la viabilidad de las poblaciones del depredador.
En contra de la medida cautelar, que solicitó la organización en defensa de la naturaleza WWF-Adena, los servicios jurídicos de la Xunta despliegan tres argumentos centrales. De un lado, insisten en la mejora del estado de la especie; de otro, apelan al interés "social, económico e sanitario" de la ganadería en la comunidad, donde tiene carácter de actividad "estratéxica" para el rural en la legislación autonómica y estatal. La tercera línea argumental es la naturaleza no ejecutiva de la resolución que tumbó el TSXG, que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural emitió el 3 de abril para determinar las medidas de control del lobo ibérico.
El departamento que dirige Ángeles Vázquez argumenta que la orden suspendida "limítase a dar conta" de que se vuelve a aplicar el Plan de Xestión do Lobo de 2009, "que se atopa vixente" y que "supón o cumprimento estrito" de la normativa comunitaria, que exige "medidas cinexéticas especiais" para garantizar la conservación de la especie". En este sentido, recuerda que la caza está "limitada" a que se acrediten daños al ganado, en línea con la legislación europea.
Y mientras el TSXG sostiene que aunque los daños en la cabaña ganadera "non son reversibles", al menos sí son "indemnizables", la Administración gallega defiende que "soster que todo pode repararse economicamente é incompatible" con las normativas autonómica, estatal y comunitaria, "que lexitiman o control do lobo baseándose no equilibrio entre a súa conservación e a viabilidade do eido rural". Medio Ambiente subraya que desde que el Gobierno central incluyó el lobo en el Lespre en 2021, vetando su caza, el número de avisos por ataques creció un 77% y el de reses afectadas, un 57%.
Medio Ambiente ve la especie en un estado "favorable"
La Xunta defiende que el estado de conservación del lobo es "favorable" y lo achaca al Plan de Xestión de 2009. La proporción del total de manadas operativas en la península que, según la Xunta, habitan los montes gallegos es del 68%.
En base al censo realizado entre 2021 y 2022, defiende que hay unas 93 manadas reproductoras, tres más que en el periodo 2013-2015. Y añade que el hecho de que más grupos operen en varias autonomías apuntaría a que la especie se "estende a novas áreas" ante "a saturación da capacidade" del territorio gallego.
Para la consellería, la modificación de la Directiva europea de hábitats para rebajar el nivel de protección deriva de que Europa pasó de 11.193 ejemplares en 2012 a 20.300 en 2023.
