El Gobierno crispa a la Xunta con un plan 'renove' para la eólica
El Gobierno central se concede nueve meses para desarrollar "una hoja de ruta nacional para la dinamización de las repotenciaciones" de parques eólicos y escala la batalla con la Xunta al presentar este plan después de acordar el 23 de septiembre llevar al Gobierno gallego al Constitucional por varios preceptos de la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2025, incluido el artículo que obligaba a los promotores a sustituir los molinos que hubiesen llegado al final de su vida útil, cifrada en unos 25 años de media.
Las repotenciaciones son una de las novedades del decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que recupera medidas del decreto antiapagones derogado en julio en el Congreso y que busca fomentar el almacenamiento y espolear la electrificación de la economía.
En lo que toca a la sustitución de aerogeneradores por máquinas nuevas de mayor potencia, el Gobierno se dispone a incorporar al ordenamiento jurídico español "la definición" de repotenciación que prevé la UE, además de desarrollar de aquí a septiembre de 2026 un plan para impulsar esta medida. La idea es incluir en él "objetivos estratégicos" a alcanzar, en línea con el camino trazado por la UE, que establece que en 2030 el 42,5% de la energía consumida en el viejo continente ha de ser renovable.
La hoja de ruta también comprenderá medidas técnicas, regulatorias y financieras para "incentivar" a los promotores para "incrementar la eficiencia y la producción de energía".
"¿Quién entiende esto? A veces, en España es evidente que no hay nadie al timón", arremetió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desde el Foro Ancares, en Lugo. Crítico con el hecho de que el Gobierno esté impulsando ahora un decreto "para repotenciar, que es lo mismo" que la Xunta pretendía hacer, el mandatario reivindicó el aprovechamiento del viento como "una de las riquezas" y como "el petróleo" de Galicia.
Ante lo que tachó de "irresponsabilidade absoluta do Goberno de Pedro Sánchez", la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, criticó "a dobre moral" del socialista, por llevar a la Xunta al TC y, "coa outra man aprobar a mesma norma" que la gallega para "regular a repotenciación obrigatoria dos parques de España". La coruñesa llamó al Ministerio para la Transición Ecológica a "aclarar" cómo se financiará la sustitución de los molinos.
La conselleira tachó el decreto de "fraude aos galegos" y reclamó la retirada del recurso de inconstitucionalidad "contra Galicia", que atribuye a "unha irresponsabilidade absoluta" de la coalición de gobierno. Industria incide en que el conflicto ante el TC solo propicia que los gallegos vayan a tener "menos enerxía para poder abaratar a factura da luz e máis impacto no territorio", dado que las repotenciaciones persiguen reducir el número de turbinas en los montes.
El plan autonómico ponía el foco en un centenar de parques con 3.000 aerogeneradores con más de 25 años. Ante una imposición criticada por los promotores, que echaron en falta ayudas, el Gobierno central se escudó para acudir al TC en que "imponer una obligación tal a los operadores" resultaría "especialmente gravoso" y un elemento "de desestabilización" frente a otras comunidades en las que el sector no está expuesto a estos "sobrecostes".
Plan antiapagones
Para prevenir apagones como el del 28 de abril, el decreto refuerza a la CNMC en la supervisión de las obligaciones de control de tensión de los agentes del sector eléctrico. Cada trimestre, el ente emitirá un informe sobre la materia y efectuará inspecciones extraordinarias de las capacidades de reposición del suministro cada 3 años.
En un plazo de entre tres y seis meses, Redeia elaborará propuestas para modificar la normativa sobre las respuestas a las oscilaciones de potencia, velocidad de variaciones de tensiones y programación de restricciones técnicas. Y definirá un procedimiento para monitorizar incidentes y otro para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y distribución. A continuación, las reformas normativas se aprobarán "en menos de seis meses".
Impulsar el almacenamiento de energía
Para alcanzar una potencia de 22,5 gigavatios en 2030 en almacenamiento se dará "prioridad" a las hibridaciones, esto es, al despliegue de baterías y otros módulos de acumulación de energía en áreas en las que existan plantas de generación. Se trata de agilizar su tramitación en terrenos ocupados por instalaciones renovables.
Y para espolear la electrificación de la economía se fomentará la conexión a las redes de nuevas actividades industriales. Para prevenir "el acaparamiento y la especulación", los derechos de acceso y conexión caducarán pasados cinco años tras su concesión. Además las empresas deberán especificar el código CNAE de la actividad que van a desarrollar al presentar la solicitud de acceso para vigilar que sea la misma cuando se materialice el 'enganche' a la red.
Por otra parte, el Gobierno acota los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de extender la red para, por ejemplo, instalar puntos para recargar vehículos.