La Diputación de Ourense es la más transparente de Galicia, seguida de la de Pontevedra, Lugo y A Coruña. Así lo refleja Transparencia Internacional España en su último informe de 2015 contra la corrupción. En él, evalúa la transparencia de 45 diputaciones provinciales (incluye dos Cabildos canarios, dos Consells baleares y tres Diputaciones forales) a través de un ránking global.
La Diputación de Ourense alcanza una nota de 95,6 sobre 100, lo que la sitúa en la séptima posición de la lista. La siguiente, la de Pontevedra, logra una puntuación de 89,4 sobre 100. El ente provincial de Lugo obtiene una calificación de 85 mientras que la de A Coruña se tiene que conformar con un 83,1.
La mayoría de las diputaciones aprueban en transparencia aunque algunas como Almería, con 53,1 puntos, o Soria, con 54,4, lo hagan por los pelos. La puntuación media de las 45 diputaciones es de 81,7 puntos y destacan las cinco que han logrado la máxima calificación (100 puntos) que son las de Huelva, Palencia, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. Les siguen en la lista las de Granada, la ya mencionada de Ourense, Segovia, Valencia, Guadalajara, Huesca, Cáceres, Castellón, Gerona, León, Jaén, Málaga, Salamanca y Sevilla, todas ellas con sobresaliente (entre 90 y 97,5 puntos).
Las diputaciones de Teruel, Cuenca y Ávila suspenden con 17,5; 42,5 y 45,6 puntos sobre 100, respectivamente. Según el informe, la "asignatura pendiente" que más se repite por falta de transparencia entre las áreas analizadas son las contrataciones, con una media de 65,8 puntos y diez diputaciones suspensas.
En rueda de prensa, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha destacado al País Vasco como "el más transparente" entre todos los ámbitos geográficos al sobresalir en el índice de CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones y Transparencia en la Gestión del Agua. Además, dentro de esta región, "el epicentro de la transparencia está en Bilbao", que cuenta con el Ayuntamiento más transparente de España.
En general, Lizcano ha valorado el "esfuerzo de apertura informativa" que han hecho la mayor parte de las instituciones y que se ve reflejado en el aumento de la valoración media con respecto a la última edición, la del año 2013, cuando la nota media alcanzada por las Diputaciones fue de 69,6 sobre 100. Se ha referido a la creación de un portal específico de transparencia dentro de las webs de la casi totalidad de estas instituciones y ha resaltado que, si en la pasada edición 9 de ellas no llegaron al aprobado, en este informe sólo 3 han suspendido. No obstante, ha advertido de que sigue habiendo algunas Diputaciones "que dejan bastante que desear" y otras con más "lagunas informativas" en algunas de las áreas de transparencia analizadas.
Preguntado por los motivos que llevan a Diputaciones como la de Teruel -la que peor calificación ha obtenido- a ser puntuada tan sólo con un 17,5 sobre 100, el presidente de TI ha afirmado que es un problema de actitud. "Las que suspenden es porque quieren, porque no tienen voluntad política", ha afirmado Lizcano.
Por su parte, otro de los autores del índice, Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ha resaltado que son las Diputaciones más grandes las que obtienen mejores resultados, al contar con más medios para llevar a cabo su trabajo. Ha instado a todas ellas a mejorar sus mecanismos de transparencia, ante el "problema de legitimidad" al que se enfrentan en la actualidad con el debate abierto sobre si deben subsistir o no.
Lizcano se ha referido a la Ley de Transparencia y ha señalado que en los indicadores que se refieren a esta norma, las Diputaciones han obtenido una media de 78,3, quince de ellas no pasan del aprobado y cuatro suspenden, a pesar de que la publicación de dicha información ha pasado a ser obligatoria desde este mes de diciembre. Sin embargo, Villoria ha reconocido que una gran parte de las instituciones no están preparadas todavía para aplicar la Ley de Transparencia y ha puesto el ejemplo de pequeños municipios que han declarado que tienen dificultades para tener una web con la suficiente calidad e información actualizada.
A esto se suma -según Villoria- el problema del derecho de acceso a la información y la necesidad de contar con un certificado de identidad o DNI electrónico que retrae a los ciudadanos a la hora de solicitar datos. Esto explica que en España sólo se registren 5.000 peticiones de información al año, frente a las 100.000 de otros países de similares características.
