La lacra del acoso escolar: los centros activaron 187 procesos correctores en los tres últimos cursos
Espacios de convivencia por antonomasia, las aulas tienen en la prevención, la detección y el tratamiento de los casos de acoso escolar un reto y más con el auge de las redes sociales y, sobre todo, con su mal uso.
En Galicia, en el curso 2024/25 se abrieron al menos 616 protocolos por supuestos casos de acoso escolar -la cifra es provisional a falta de que todos los centros remitan sus memorias anuales-, de los cuales se confirmaron 91 casos que acabaron en un procedimiento corrector. Esto no quiere decir que en los restantes 525 casos no se adoptase ningún tipo de medida disciplinaria ante, por ejemplo, agresiones o insultos que, no obstante, no pudieron ser calificadas como acoso.
Es uno de los frutos de la aplicación del protocolo educativo que marca a los centros cómo actuar cuando existe una denuncia o una sospecha, un instrumento del que Galicia se dotó en 2011, convirtiéndose en una de las primeras comunidades en trazar un marco de estas características, un documento que ha ido actualizándose -la última versión es de finales de 2024- para adaptarse a la irrupción del ciberacoso con la extensión de las redes sociales y los móviles.
Según los datos de la Consellería de Educación, en el curso 2022/23, los centros abrieron 614 protocolos, en tanto que en el siguiente fueron 686, unas actuaciones de las que derivaron, en el primer caso, 42 procedimientos correctores al confirmarse cuadros de acoso, y en 54 en el año académico 2023/24. "Con máis de 300.000 alumnos, a casuística é moi cativa", señaló este jueves el conselleiro, Román Rodríguez, que, no obstante, recalcó que "mentres exista un só caso", toca mantener "as alarmas encendidas para sensibilizar, detectar e actuar". "Non cabe mirar para o outro lado tendo en conta o que sofren os acosados no sistema educativo", recalcó el de Lalín. La consigna es que "ante calquera sospeita", los centros -que deben contar, en cada caso, con su propio Equipo de Aactuación contra o Acoso Escolar (Acae)- tienen obligación de actuar.
El balance lo presentó este jueves el conselleiro en un encuentro con los medios en el que incidió en que el acoso debe abordarse "desde unha perspectiva integral", con la implicación del sistema educativo y también de las familias y de otros estamentos como los servicios sociales de los concellos y, cuando proceda, de la Fiscalía y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y es que en muchas ocasiones este tipo de hostigamiento suele trascender al aula, extendiéndose a otros ámbitos, una situación que está más clara, si cabe, cuando la persecución se produce online, habida cuenta del efecto "multiplicador" del ciberacoso. Es entonces cuando las consecuencias pueden implicar a otras instancias más allá de la administración educativa.
Un 12% del alumnado percibe el acoso como un conflicto principal
Con "a tolerancia cero co acoso escolar" como mantra, Rodríguez constató que Galicia mantiene una situación positiva en relación a otras comunidades a la vista de los resultados que arroja la macroencuesta de convivencia y hábitos sociales que la Xunta efectuó pro primera vez en 2015.
En la última edición, que contó con 164.884 participantes en 2025, un 75% del alumnado afirmó no haber padecido conductas negativas. No obstante, un 12% percibe el acoso y al ciberacoso como "un dos conflitos máis importantes que pode haber nas aulas".
La Fiscalía intervino en 75 casos en 2024
En esta tesitura, la Xunta y la Fiscalía Superior de Galicia acordaron recientemente estrechar la colaboración para combatir este fenómeno.
En su última memoria, el ministerio público recoge su intervención en 75 casos de acoso escolar, de los cuales 50 se dieron en la provincia de Pontevedra, 24 en Ourense y uno en Lugo. El decalaje con respecto a los datos de la Xunta responde a varios factores: los registros de la consellería se refieren al ámbito temporal del curso académico y algunas familias acuden directamente a los cuerpos de seguridad o al fiscal al tener constancia de que su hijo puede estar siendo violentado.
Nueva estrategia antes de que acabe el curso
El protocolo es uno de los instrumentos con los que cuenta la Xunta, que desde 2015 prohíbe el uso de los móviles en las aulas, un veto que en 2024 extendió a recreos, comedor y actividades escolares. Además, la consellería ultima la puesta en marcha de una nueva Estratexia Galega de Convivencia Escolar, que actualizará el documento aprobado en octubre de 2022. El objetivo, indicó Rodríguez, es presentar el documento "antes de que remate o curso" actual, con el foco en al prevención y la identificación de esta problemática.
En paralelo, el Gobierno gallego trabaja con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para poner en marcha la futura Rede de Concellos contra o Acoso Escolar para coordinar acciones entre la consellería y los ayuntamientos, dado que los servicios sociales locales son los que, en muchas ocasiones, disponen de información relativa a la situación de las familias de los acosadores y de las víctimas, una información que puede ayudar a buscar soluciones.
¿Qué fases prevé el protocolo?
El Protocolo Educativo para a Prevención, a Detección e o Tratamento do Acoso e do Ciberacoso Escolar incluye varios apartados. En la parte informativa detalla las circunstancias que deben darse para que pueda considerarse que concurre una situación de acoso o ciberacoso escolar, entre las que figura que las vejaciones o malos tratos de carácter físico, verbal o psicológico, incluido el aislamiento o las situaciones de "baleiro social", se den de forma mantenida en el tiempo.
La guía recoge, asimismo, señales de alarma que pueden ayudar a profesores y familias a identificar que un estudiante puede estar siendo hostigado, como cambios en el estado de ánimo; síntomas somáticos como mareos, dolores de cabeza o palpitaciones; evidencias físicas de acoso como lesiones o estragos en su material escolar; un deterioro de las habilidades sociales o problemas de atención, o un aumento de las faltas de asistencia al centro, entre otras circunstancias.
En la cara inversa de la moneda, también se dan pautas para identificar a un posible acosador como actitudes de abuso de poder; antecedentes de agresiones; conductas delictivas en la red, o una negativa a relacionarse o trabajar con algún compañero.
Según explicó la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, el protocolo consta de cinco fases. La primera es la de comunicación, que arranca con la presentación de la denuncia por parte de las familias o del alumnado, por ejemplo, a través de los puntos naranja contra el acoso escolar dispuestos en los centros, en los que se puede informar de forma anónima. A partir de ahí, el equipo Acae del centro evalúa los hechos y decide cómo proceder.
La segunda fase consiste, si procede, en la apertura de una investigación que incluye una entrevista con los implicados y su seguimiento y observación en las zonas de riesgo del centro. En esta etapa, todavía no es necesario informar a las familias.
Si se constata, que efectivamente, un alumno está siendo hostigado, se abre el protocolo, manteniendo un encuentro con los jóvenes y sus familias. Lo siguiente tras esta tercera fase sería el cierre del caso. Si las pruebas recabadas no permiten demostrar que hubo acoso, pero las actitudes son merecedoras de algún tipo de sanción se actúa. Por el contrario, si se demuestra esa violencia continuada se activa el procedimiento corrector por acoso, poniendo lo sucedido en conocimiento de las autoridades si los hechos revisten especial gravedad.
La quinta y última fase sería la de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
¿Qué medidas se activan para los acosadores? ¿Y en el caso de las víctimas?
La más gravosa es el cambio de centro escolar, que suele adoptarse en último término. En este caso, es la Dirección Territorial de Educación la que tiene la última palabra a propuesta del centro académico. Rodríguez indicó que "nun 90% dos casos", se aplica la suspensión de asistencia a clase por un periodo de hasta 30 días. A esto se suman otras medidas como, por ejemplo, trabajar con el implicado en la resolución de conflictos o en mejorar sus habilidades comunicativas. La reparación y compensación de los daños causados es otra derivada.
En cuanto a la víctima, la intervención puede abarcar desde el cambio de clase, hasta tutorías individualizadas, acompañamiento por parte de un grupo de compañeros, medidas de refuerzo de la autoestima e incluso la prestación de atención sanitaria para abordar, por ejemplo, cuadros de estrés postraumático.