La jueza Pilar de Lara cerró la instrucción del caso Garañón in extremis: la víspera de que el Consejo General del Poder Judicial estudie su posible sanción por retrasos y desatención en varias causas.
De Lara ha dado por finalizada la instrucción sobre posibles irregularidades en la polémica urbanización de O Garañón, en la cuestas del Parque de Rosalía de Lugo, y ha propuesto que se sienten en el banquillo once investigados. Entre ellos figuran el exalcalde José López Orozco, por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, y el expresidente de la Diputación y el anterior líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que a los delitos antes señalados suma otros tres de cohecho, uno de blanqueo de capitales y otro de negociación prohibida y abuso de la función pública.
De Lara, que ha comunicado el auto justo un día antes de que el pleno del CGPJ estudie su sanción y posible suspensión por siete meses, cree que también hay indicios delitivos contra otros tres funcionarios de las áreas de urbanismo y licencias del Concello. Asimismo, incluye al promotor de O Garañón, Ricardo Iglesias Paredes, y al abogado de este durante la negociación de convenio, así como a dos constructores lucenses.
También considera que cometieron delitos, en este caso en la compraventa del sanatorio Portela por parte del Instituto Nacional de Estadística, dos altas funcionarias de este organismo, su secretaria general Natividad Domínguez y la jefa de área Pilar Rocasalbas.
La mayor parte de los letrados de las partes investigadas ya han anunciado que recurrirán este auto de transformación en procedimiento abreviado. Y, en todo caso, hay que recordar que al final será la Fiscalía la que decida a quién acusa y de qué delitos.
