La Xunta ve viable la planta de Altri en Palas pero deja su futuro en manos del Gobierno
La Xunta dio viabilidad ambiental al proyecto de Altri en Palas de Rei, pero dejó su futuro en manos del Gobierno.
La Consellería de Medio Ambiente otorgó una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, pero con condicionantes que deberá cumplir. Por ejemplo, se le exigirá a los promotores el empleo de tecnologías de última generación para la gestión del agua que permitan el cumplimiento de los requisitos ambientales.
Tras analizar los diversos informes encargados, los técnicos concluyen que "o proxecto é ambientalmente viable sempre que se cumpran, ademais do recollido no estudo de impacto ambiental e a restante documentación avaliada, o condicionado e o programa de vixilancia ambiental que figuran ao longo deste documento, que prevalecerán sobre todo o anterior".
La declaración, que consta de 76 páginas, también señala que si se manifiesta cualquer impacto no considerado hasta el momento, se podrán dictar condicionantes adicionales y expone que, ante cualquer cambio que los promotores pretendan introducir, se valorará la necesidad de una nueva tramitación de impacto ambiental.
Sin afectación al Camino de Santiago
Son muchos los departamentos que tuvieron que emitir informes al respecto del proyecto. Por ejemplo, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, sobre el riesgo de accidentes graves o catástrofes, considera que la vulnerabilidad es "media" y que las medidas correctoras contempladas se consideran "correctas".
Por su parte, el informe de Patrimonio, uno de los más esperados por la posible afectación del proyecto al Camino de Santiago, también es favorable. Considera que la planta está "fóra do territorio histórico" de la ruta jacobea y de súa "área de amortecemento (agás un pequeno fragmento que se converterá nun bosque frondoso autóctono)".
El impacto sobre el río Ulla
En un escenario en el que el posible impacto en el río Ulla y consecuentemente en la ría de Arousa, ha estado en la base de multitud de críticas, Augas de Galicia impone exigencias a mayores, aunque considera que las medidas “preventivas e correctoras” presentadas por el promotor “son axeitadas e garanten, a priori e sempre que se cumpran todos os condicionantes” señalados, la compatibilidad del complejo en el que se producirá lyocell a partir de la pulpa de celulosa con la planificación hidrológica y con el cumplimiento de los objetivos ambientales.
A juicio del ente público, no resulta previsible “que se poidan causar impactos ambientais significativos” sobre el dominio público hidráulico.
Cabe recordar que Greenfiber, la sociedad impulsora –en la que Altri controla el 75% y Greenalia, el 25% restante— plantea la instalación de un sistema de captación de agua del embalse de Portodemouros, en Agolada, con un caudal de 46.000 metros cúbicos al día y que consistirá en una estructura flotante y una estación de bombeo en tierra firme.
El proyecto también incluye una estación de tratamiento de aguas residuales industriales con un caudal de vertido de 30.000 metros cúbicos al día.
Tras analizar la documentación, la Subdirección Xeral de Planificación do Recursos Hídricos ha establecido medidas que Greenfiber deberá cumplir en relación a la implementación de elementos de drenaje urbana, además de fijar un seguimiento "exhaustivo do plan de vixilancia ambiental".
A mayores, el departamento fija un seguimiento mensual de indicadores y una monitorización de parámetros biológicos e hidromorfológicos que recogerá la autorización ambiental integrada.
Rueda de prensa de las conselleiras Vázquez y Lorenzana
De explicar los entresijos del dictamen de los técnicos de la Xunta se encargaron las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La resolución, que trascendió este viernes, tiene fecha del pasado miércoles, día 5 de marzo.
Lorenzana señaló que, aunque el proyecto es "ambientalmente viable" siempre que cumpla todos los requisitos condicionados, todavía restan trámites en tanto que, "tal cual está, no tiene garantizada la infraestructura eléctrica" necesaria.
La responsable de Economía ha remarcado que Altri necesita de una infraestructura de transporte eléctrico para la planta de biofibras, un paso que "está en manos del Gobierno central".
Próximos pasos: red eléctrica y fondos
Después de obtener luz verde de la Xunta en materia ambiental, a Altri todavía le quedan dos grandes hitos por superar para que el complejo de biofibras textiles a partir de la pulpa de madera de bosques de eucalipto certificados sea viable. Uno es la obtención de fondos europeos, pues cabe recordar que la pastera portuguesa aspiraba a conseguir unos 250 millones de euros en ayudas y financiación para un proyecto que implicará una inversión de 1.000 millones. La pelota está encima del tejado del Ministerio de Industria, pues la compañía lusa concurrió al proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica (Perte) de la descarbonización.
El otro gran condicionante que queda por aclarar es la conexión a la red eléctrica. "O proxecto non é viable coa situación da rede eléctrica de transporte", señaló Lorenzana, que compareció en Santiago acompañada de la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y del secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez.
Para la compañía que pilota José Soares de Pina —que el próximo jueves presentará los resultados anuales de 2024— pasar el filtro ambiental era un hito imprescindible, pero falta por determinar otro puntal: la viabilidad económica, pues la compañía aspiraba a conseguir unos 250 millones de euros de fondos europeos para desplegar una inversión que rondará los 1.000 millones.
Declarada proyecto industrial estratégico (PIE) por el Gobierno de Alfonso Rueda en diciembre de 2022 para agilizar su tramitación, las raíces del proyecto se remontan al comité de expertos que la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, creó en 2020 para tratar de encauzar la recuperación económica tras el covid. La sociedad público-privada Impulsa Galicia se encargó de buscar a una compañía dispuesta a dar forma a la iniciativa.
En abril de 2022, Altri anunciaba tras una reunión con el Gobierno gallego la elección de Palas de Rei tras analizar más de 40 ubicaciones.
Gran contestación política y social
Por el camino, la iniciativa industrial se ha topado con una gran contestación política y social y en los últimos meses la Xunta ha insistido en que la evaluación del proyecto ha seguido un procedimiento "rigoroso, garantista e transparente". Fruto de esa oposición son las 27.000 alegaciones que se presentaron, y a las que la empresa tuvo que responder.
El presidente Rueda insistió en reiteradas ocasiones en la profesionalidad de los técnicos y, frente a las críticas del BNG, descartó la existencia de presiones para agilizar la emisión del dictamen.
En total, departamentos de diferentes administraciones, como Augas de Galicia, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes o la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, han emitido 36 informes sectoriales para lo que en algunos casos han requerido información adicional a la pastera lusa. Esta base es la que ha servido a la Consellería de Medio Ambiente para formular ahora su veredicto.
Una vez aclarada la viabilidad económica, si la pastera decide seguir adelante, el complejo todavía tendrá que volver de nuevo al Consello da Xunta para su aprobación final.
Vázquez descarta que el último fallo del TSXG afecte al proyecto
"Non ten nada que ver unha cousa coa outra", defendió este jueves la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, al ser preguntada por el posible impacto en el proyecto de Altri de la sentencia con la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó parcialmente el decreto de la Xunta por el que se regularon en junio de 2023 las entidades de colaboración ambiental (Eca). El alto tribunal considera que el Gobierno gallego incurrió en una privatización "parcial" de los procesos de evaluación ambiental por esta vía. "Aínda non supón nada, porque non empezaramos a desenvolvelo", explicó Vázquez, que indicó que no hay ninguna Eca "certificada" y que confirmó que la consellería acudirá al Supremo para recurrir el fallo del TSXG.
Horas antes de la comparecencia de la conselleira, desde la CIG, que fue la que impugnó el decreto ante el TSXG, su líder, Paulo Carril, auguraba este jueves "un alcance enorme" apuntando incluso a Altri. Carril señaló que un informe de la planta, relativo a la captación de aguas, "estivo feito por unha empresa externa".