La viabilidad de la planta de Altri depende del 'enganche' a la red eléctrica y los fondos
Después de obtener luz verde de la Xunta en materia ambiental, a Altri todavía le quedan dos grandes hitos por superar para que el complejo de biofibras textiles a partir de la pulpa de madera de bosques de eucalipto certificados sea viable. Uno es la obtención de fondos europeos, pues cabe recordar que la pastera portuguesa aspiraba a conseguir unos 250 millones de euros en ayudas y financiación para un proyecto que implicará una inversión de 1.000 millones. La pelota está encima del tejado del Ministerio de Industria, pues la compañía lusa concurrió al proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica (Perte) de la descarbonización.
El otro gran condicionante que queda por aclarar es la conexión a la red eléctrica. "O proxecto non é viable coa situación da rede eléctrica de transporte", señaló este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que compareció en Santiago acompañada de la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y del secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez.
Conscientes de la contestación social generada por un proyecto que cosechó alrededor de 27.100 alegaciones y en un escenario en el que Ulloa Viva ya avanza que dará la batalla contra la planta en los tribunales, ambas conselleiras convocaron una rueda de prensa para "dar a cara, ser transparentes e dar seguridade xurídica e tranquilidade á opinión pública", en palabras de Vázquez, que lanzó algún que otro dardo contra la oposición al recordar que "antes das eleccións" de febrero de 2024 el proyecto "era bo" para todos los partidos.
De forma gráfica, Lorenzana constató que "se unha fábrica non se pode enchufar, non pode funcionar".
En todo caso, Lorenzana alertó de que el complejo, "tal cal está definido, non ten garantida a infraestrutura de interconexión eléctrica necesaria". Recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica no incluyó la subestación que el complejo necesita en la última modificación de la planificación vigente de la red de transporte eléctrico (2021-2026).
¿Qué infraestructura eléctrica precisa el proyecto?
El pasado febrero, la conselleira de Economía e Industria volvía a solicitar en la conferencia sectorial de energía, encabezada por la ministra Sara Aagesen, que la hoja de ruta de Redeia --el operador del sistema eléctrico-- para 2025-2030 asegurase el suministro a los proyectos industriales previstos en Galicia. En el caso de Altri, el planteamiento trasladado al ministerio consiste en la apertura de la línea de alta tensión (LAT) de 220 kilovatios entre Belesar y Mesón do Vento y la construcción de una subestación con entrada y salida para esta línea en Palas.
Tajante, la conselleira de Industria dejó clara que "calquera aprobación ou autorizacion do proxecto está condicionada á obtención do permiso de acceso e conexión á rede eléctrica" y, claro está, a la obtención de "financiamento" y de las ayudas que Greenfiber, la sociedad integrada por Altri (75%) y Greenalia (25%), negocia con el Gobierno central a cuenta de los fondos Next Generation.
"A viabilidade do proxecto está absolutamente en mans do Goberno central, en mans do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que tutela Redeia", recalcó la coruñesa. En todo caso, expuso que las obras de la planta y de la red eléctrica podrían discurrir en simultáneo e incidió en que, una vez que la Xunta ha "respondido" a la cuestión de si se producen o no "efectos significativos no medio ambiente" y queda de manifiesto la "madurez" de la propuesta, la ministra Aagesen es la que debe mover ficha tras apostar "reiteradamente" por aguardar a que se despejase este aspecto para "traballar" en la parte de la financiación y de las inversiones públicas necesarias para modificar el tendido.
De forma gráfica, Lorenzana constató que "se unha fábrica non se pode enchufar, non pode funcionar".
Si el complejo prospera, ¿cuándo podría comenzar la construcción?
Primero, Greenfiber tendrá que "dicir se acepta ou non" los condicionantes que los organismos sectoriales consultados han impuesto y que recoge la declaración de impacto ambiental (DIA). La titular de Medio Ambiente aclaró que esas exigencias "suporán un aporte importante dende o punto de vista tecnolóxico e monetario" para la compañía.
En todo caso, con la DIA no queda rematada la tramitación administrativa, aunque en términos de tiempo "non queda moito procedemento". Según Lorenzana, lo primero es que la Consellería de Industria emita las resoluciones de reconocimiento de las personas --físicas y jurídicas-- que solicitaron tener consideración de parte interesada en el procedimiento. En total, la Xunta recibió 6.500 solicitudes que, de ser aceptadas, implicarán facilitarles el acceso, por ejemplo, a los 36 informes sectoriales emitidos --y que son la base de la DIA-- y que se les dé trámite de audiencia antes de que el Ejecutivo dicte la autorización ambiental integrada (AAI). Para ello, se requirió a cada demandante que acredite documentalmente el cumplimiento de los requisitos para tener consideración de parte interesada. El proceso arrancó en septiembre y los últimos requerimientos se enviaron en los últimos días. En 820 casos, las notificaciones fueron infructuosas al resultar imposible localizar a los peticionarios.
Lo siguiente será que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade dicte la autorización ambiental integrada, previo análisis de las alegaciones de las partes interesadas. A continuación, tocará solicitar informe a la Xunta Consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo en base al proyecto de ejecución que deberá facilitar el promotor. Y el último paso sería el paso por el Consello da Xunta, que decidirá si aprueba el proyecto industrial estratégico (PIE). La iniciativa ya fue declarada PIE en diciembre de 2022 para agilizar su tramitación, lo que implicará, por ejemplo, que no requerirá licencia municipal.
Altri tiene un plazo de seis años para empezar a ejecutar las obras
En todo caso, la DIA tiene un periodo de caducidad. El documento especifica que perderá su vigencia y efectos si en el plazo de seis años tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, que se produjo este viernes, no comienza la ejecución del proyecto o la actividad de la planta de lyocell.
Teniendo en cuenta que Ulloa Viva y el BNG avanzan que acudirán a los tribunales, Echevarría precisó que el plazo de seis años dejaría de correr si, por ejemplo, el proyecto quedase en suspenso por orden judicial. De su lado, Vázquez recordó que la DIA no es un acto administrativo recurrible. Sí lo es la autorización ambiental integrada, el siguiente hito que tiene que conseguir la planta.
Después de que el proyecto inicial se sometiera a información pública, la Secretaría Xeral de Industria recibió unas 27.100 alegaciones de particulares, colectivos vecinales y otras organizaciones que fueron remitidas a la compañía para que las tuviese en cuenta. De ellas, 26.937 fueron copias de un mismo modelo, según indicó Lorenzana. La conselleira indicó que "só 163 alegacións foron escritas de forma singular" y elaboradas al margen de los 25 modelos que se repitieron. Del total, 200 fueron presentadas en nombre de colectivos, en tanto que el resto fueron de particulares.