Fernando Iglesias Espiño, un pontevedrés condenado a 54 años de cárcel por uno de los crímenes más macabros registrado en las últimas décadas en España, no ha regresado a la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar tras disfrutar de un permiso penitenciario a mediados de agosto, según informa el diario grancanario La Provincia.
Este taxista, que hoy tiene 63 años y que dejó Galicia cuando cumplió la mayoría de edad para enrolarse como marinero, degolló el 17 de octubre de 1996 a su esposa, a su hija de 18 años y a su hijo de 12.
La Delegación del Gobierno confirmó a AGN que el fugado había disfrutado sin problemas de 10 permisos antes de no regresar el pasado 13 de agosto.
El día del crimen, Iglesias se despidió de su trabajo y rechazó la liquidación de su nómina, lo que el tribunal consideró como una prueba de que actuó con premeditación. Después acudió al domicilio de su esposa, que le había comunicado su decisión de poner fin a la relación.
Tras discutir y llegar a cortarle el cable del teléfono para evitar que hablase con otra persona, el gallego cogió una picareta –herramienta de acero con forma de martillo de puntas afiladas– y golpeó a su mujer en la cocina.
El pontevedrés fue condenado a 54 años de cárcel por asesinar a su mujer, a su hija de 18 años y a su hijo de 12 en octubre de 1996
Según los hechos probados en la sentencia, Iglesias se dirigió después al salón para acabar con la vida de su hija de 18 años y acabó matando también a su hijo menor en el cuarto en el que dormía y donde ya se había despertado por los ruidos. Finalmente, el hombre remató a su mujer y a su hija: las degolló con un cúter.
Tras el triple asesinato, el pontevedrés bebió ron y se quedó dormido, hasta que 15 horas después despertó y llamó a la Policía para confesar: “Los maté porque me pusieron de muy mala leche y me cegué”, dijo en el juicio, según recogen las crónicas de la época.
“Los maté porque me pusieron de muy mala leche y me cegué”, dijo en el juicio
Hasta mediados de agosto, cuando no regresó a la cárcel ourensana, había cumplido 22 de los 54 años de prisión que le fueron impuestos, aunque, dado que el Código Penal establece un tiempo efectivo máximo en prisión de entre 25 y 30 años, ya se encontraba en la recta final de su condena, que acabaría de cumplir en 2021.
Al encontrarse en paradero desconocido, la Audiencia de Las Palmas ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que procedan a su detención, según informa La Provincia.
