Los promotores eólicos: "No se dan las condiciones para repotenciar parques en Galicia"
Con un coste medio que el sector sitúa en 1,3 millones de euros por megavatio (MW), los promotores eólicos con parques en los montes gallegos están pendientes del Tribunal Constitucional (TC) después de que el Gobierno central aprobase en septiembre impugnar la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2025 con el foco puesto en varios artículos, entre ellos el que obliga a las energéticas a repotenciar los parques cuyos aerogeneradores hubiesen alcanzado el final de su vida útil, un margen que la Xunta situó en entre 25 y 30 años. A la espera de que el alto tribunal aclare si admite o no a trámite el recurso, lo que conllevaría la suspensión de la aplicación de los artículos de la discordia, el sector insiste en que "no se dan las condiciones" para sustituir los aerogeneradores más antiguos por unas máquinas modernas en los términos planteados por el Gobierno gallego.
"Nosotros somos los primeros interesados en que los parques se repotencien, pero no se dan las condiciones. El promotor es el que tiene que tomar la decisión y asumir el riesgo", sostiene el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, que ve necesario activar "una serie de palancas".
Tres son los principales elementos que echan para atrás a los promotores. De un lado, "la enorme inseguridad jurídica en la tramitación en Galicia". Márquez recuerda que "el primer parque que paralizó" el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —y ya van 86— fue la repotenciación impulsada en Corme por EDP, que vio como se declararon nulas las autorizaciones previa y de construcción en un conflicto que ahora está en manos del Supremo.
"Las empresas no saben a qué atenerse en Galicia. Por qué vas a repotenciar un parque que tienes funcionando bien y que tienes perfectamente integrado en el entorno social de la comunidad local", señala Márquez. La industria calcula que, de media, pasan unos dos años desde que una instalación se desmantela hasta que vuelve a operar, un proceso que en Galicia puede llegar "a siete años" debido a "la parálisis judicial".
El segundo factor disuasorio es la incidencia de los cambios en la legislación gallega, en particular los relativos a las distancias con respecto a los núcleos de población. A través de la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2022, la Xunta amplió el margen mínimo, fijado en 500 metros, para establecer una fórmula teniendo en cuenta la mayor envergadura de los molinos modernos: la altura total del aerogenerador —los nuevos miden más de 200 metros— multiplicada por cinco.
Márquez explica que esto puede acarrear una "pérdida de potencia" instalada en un parque en el que vayan a sustituirse las máquinas para ajustarse a la distancia mínima de un kilómetro. En estos casos, el sector defiende que se debería permitir "aumentar en un 50% la capacidad de acceso a la red de manera que "en vez de repotenciar 20 MW" puedan llegar a 30 sin aumentar el impacto ambiental.
"Las incertidumbres de mercado" son el tercer elemento que frena el cambio de las turbinas, pues el sector está a la espera de conocer los "requisitos" que el operador del sistema eléctrico Redeia impondrá a las máquinas nuevas en campos como el control de tensión, unos ajustes de los que los molinos antiguos están exentos.
Los incentivos, el punto que diferencia el plan de la Xunta de la hoja de ruta que pretende desarrollar el Gobierno
Teniendo en cuenta estos factores, la AEE reivindica que las administraciones deberían articular "incentivos económicos".
Es en este punto en el que el sector considera que el decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico aprobado el martes por el Consejo de Ministros se diferencia de la normativa autonómica. A través de ese texto, el Gobierno se da nueve meses para desarrollar una hoja de ruta nacional para dinamizar las repotenciaciones, incluyendo medidas técnicas, regulatorias y financieras "para incentivar" estas actuaciones, incluyendo un cronograma y una agilización de la tramitación para ajustarse a los objetivos que marca la UE.
A la espera de comprobar la letra pequeña del decreto, la AEE señala que el plan del Gobierno se basa en un principio clave para el sector: "que el repowering no se puede obligar" al promotor.