El Gobierno gallego lleva al Constitucional el decreto sobre el reparto de menores migrantes
Tras recibir el dictamen favorable del Consello Consultivo de Galicia (CCG), el Gobierno gallego autorizó este lunes interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo por el cual se modifica la Ley de Extranjería con el fin de pautar la redistribución de los menores extranjeros no acompañados (Mena), cuya aplicación se traduciría en la asignación a Galicia de 326 jóvenes.
La comunidad no es el único territorio gobernado por el PP que da el paso. Ya han acudido al TC Madrid, Murcia, Cantabria, Valencia, Baleares, Extremadura y Andalucía. En rueda de prensa, el titular de la Xunta indicó que son varios los argumentos jurídicos que aporta el Consello Consultivo. El principal es que existe "unha invasión clara de competencias autonómicas" en materia de asistencia social y de protección de menores, de manera que al menos seis artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales serían "inconstitucionais".
La asistencia social es competencia autonómica
El dictamen del CCG indica que, aunque el Estado invoca las competencias en inmigración y extranjería para fundamentar la regulación del decreto, la asistencia social es competencia autonómica. El órgano cuestiona, además, la exigencia de acuerdo unánime sobre el que descansa la regulación, dado que en su ausencia –para la que bastaría un voto en contra, por ejemplo el del representante del Estado en la conferencia sectorial 015– la intervención pasa a ser estatal, impidiendo la participación de las comunidades en un proceso que debe ser colaborativo.
El Consultivo también cuestiona el uso del real decreto ley para este supuesto, dado que esta figura debe reservarse para casos de urgente y extraordinaria necesidad, como recoge la Constitución. El dictamen concluye que no concurriría esta circunstancia a tenor de que la situación "vénse producindo nos últimos oito anos". Además, el Consultivo recuerda que desde 2022 se produjeron varios acuerdos sobre esta materia en la conferencia sectorial de infancia.
Con la valoración favorable por mayoría del CCG, Rueda indicó que la Xunta acudirá al Constitucional contra una norma que "prexudica claramente o sistema de protección da infancia" al diseñar un modelo que obliga a Galicia a emplear "os seus propios fondos" para prestar un servicio "imposto polo Estado". "Galicia non se vai negar nunca a ser solidaria, pero pedimos que as cousas se fagan ben, con planificación e financiamento. Non queda outra que recorrer", zanjó Rueda.
