El 23,6% de los habitantes de Galicia –es decir, unas 636.000 personas– estaba el año pasado en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. El dato, aunque duro, es "razoablemente bo", explicó el director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Galicia, Xosé Cuns, toda vez que son unas 42.000 menos que en 2021. Pero, si se acude al detalle, se constata el ensanchamiento de la brecha de género, ya que la población masculina "recupérase antes e con maior rapidez" que la femenina, y se atisban "nubarróns" en el horizonte, dado que el impacto de la crisis de precios deja tras de sí un aumento de la privación material severa, "especialmente" relacionada con la "dificultade para o acceso a unha vivenda digna, axeitada e dispoñible". De ahí la llamada de la entidad a que las administraciones no frenen las medidas que componen el denominado "escudo social".
"Pagar o alugueiro ou comer de calidade segue sendo unha elección crave para moitas familias", resumió Cuns en la presentación este martes del decimotercer informe de la entidad sobre la pobreza en Galicia, en el que las cifras muestran tanto el impacto aún de la pandemia como el "relativo éxito" de las iniciativas contra la pobreza del Gobierno, la Xunta, los concellos y las entidades del tercer sector de acción social, caso de los Erte, el ingreso mínimo vital, la "permanencia" de la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Medidas que en Galicia permitieron que en 2022 los gallegos en riesgo no fueran 75.000 más, hasta los 711.000, según los cálculos de EAPN.
Este es uno de los factores a los que Cuns vinculó la "boa nova, con precaución", de que la comunidad recortara 1,5 puntos su porcentaje el año pasado hasta alcanzar la tasa más baja del último lustro, con un 23,6%. Este descenso se aprecia tanto en la ratio de pobreza –hogares unipersonales con ingresos inferiores a los 860 euros, o los 1.765 euros si están formados por dos adultos y dos menores–, que cae del 20,2 al 18%; como en la de pobreza severa –donde el límite lo marcan los 560 euros y los 1.177 euros mensuales, respectivamente–, que afecta al 6,8% de los gallegos, frente al 8,8% de 2021.
Con todo, hay noticias "non tan boas" que consolidan una tendencia arrastrada de los últimos años: la "feminización da pobreza". De las 636.000 personas en riesgo, el 54,8% son mujeres, una "fenda de xénero" que se amplía después de que el porcentaje de hombres en esta situación se redujera un 1,8% en 2022 y el de mujeres, un 1,3%. La explicación, puntualizó Cuns, se debe al peso de ellas dentro de dos grandes grupos de población: las familias monoparentales –de las cuales casi la mitad se encuentran en riesgo de pobreza– y en los mayores que viven solos –esto es, las viudas–.
Cuns: "Pagar o alugueiro ou comer de calidade segue sendo unha elección crave para moitas familias"
El balance general, no obstante, no oculta que cada vez son más los gallegos a las que les cuesta llegar a fin de mes: así le ocurre al 44,3%, la ratio más alta desde 2018. La situación se refleja en el empeoramiento de once de los trece puntos que comprenden el índice de privación material y social severa, donde la vivienda "está a funcionar coma unha aspiradora" de dinero que condiciona los gastos familiares. No por nada, el 24,5% de las personas en situación de pobreza debe destinar más del 40% de su renta a pagarla, lo que provoca asimismo que los hogares con retrasos en el abono de los gastos del domicilio hayan aumentado del 9 al 9,4%, o que casi una de cada cinco personas no pueda mantenerla a una temperatura adecuada, cuando en 2021 eran el 13,1%.
Aquí también se percibe la huella del alza de los precios del combustible por la guerra en Ucrania, del mismo modo que la inflación influye en que el 4,4% de los gallegos no puedan permitirse comer carne o pescado al menos dos veces por semana, más del doble de los que eran en 2021. Y el 29,4%, además, no se ve capacitado para afrontar gastos imprevistos. Son casi cinco puntos más.
Una cuestión de voluntad política
La presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo, indicó que gracias al "aprendizaxe destes últimos anos" se sabe "cal é o camiño para reducir drasticamente a pobreza", y este "nada ten que ver con políticas de austeridade". Así, atribuyó a "decisiones políticas erradas", ajenas a una "razón económica obxectiva", la supresión de medidas como la Tarxeta Básica de la Xunta en junio de 2022 o que no haya un "plan de apoio" a familias monoparentales en la ley gallega de impulso demográfico. Y en cambio, celebró el anuncio de Alfonso Rueda de "facilitar un mínimo de 1.800 vivendas públicas", que "non é a solución" a esta "emerxencia" pero sí un "primeiro paso" que instó a acompañar de otros como reforzar el Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Por su parte, Xosé Cuns añadió que, para salir de la pobreza, el empleo "é un medio necesario pero nunca suficiente se non é de calidade".
Los españoles pobres con educación superior se duplican desde 2008 y llegan a los 1,4 millones
Este 23,6% de personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Galicia mejora en 2,4 puntos el promedio del país y sitúa a la comunidad en una "posición media" respecto del resto de las autonomías. De hecho, el territorio "se revela como una fuente significativa de desigualdad", según trasladó EAPN en la exposición del informe estatal en el Congreso, abundando en que las estadísticas muestran un año más "una división de España en dos mitades": las comunidades al norte de Madrid arrojan "por lo general" tasas más bajas frente a las "extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media" de las del sur.
Los representantes de la entidad subrayaron que, sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza en España se duplicaría, "llegando a afectar a casi la mitad de la población". En el caso de la pobreza severa, afectaría a "casi un tercio de la población". Además, destacaron su rol en la reducción de la desigualdad, ya que de carecer de ellas "el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre".
El empleo y la educación siguen siendo "fundamentales por su potencial preventivo", aunque "pierden fuerza como factores de protección frente a la pobreza", destacaron desde EAPN. La razón es que, en 2022, una de cada tres personas pobres (32,9%) tenía empleo remunerado, lo que "reafirma" una tendencia detectada en los últimos años que es "producto de los bajos salarios y de la precarización del mercado laboral desde 2008".
Algo parecido ocurre con los estudios. Según el informe, el 42,9% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social "ha finalizado estudios medios o altos", mientras que "una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza". Eso significa que 1,4 millones de personas pobres tienen educación superior, cifra que se ha duplicado desde 2008.
