El "desarrollo de cristal": las personas en riesgo de pobreza o exclusión rozan las 600.000 en Galicia

Casi 600.000 personas en Galicia están en riesgo de pobreza, sufren carencias materiales o sociales severas, o forman parte de hogares en los que sus miembros en edad activa apenas pudieron trabajar a lo largo del año. Es el 22,1% de su población, una tasa que crece 3,3 puntos –el peor balance interanual autonómico del país– y que equivale que más de 91.000 personas cayeran en esta situación a lo largo del año.

Hay algo de efecto rebote en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, puesto que, en la un año atrás, Galicia había cosechado, con ese 18,8%, su mejor dato de la serie histórica –de hecho, los porcentajes de los distintos componentes de la pobreza siguen siendo más suaves, en general, que los de 2023 y la ratio global queda por debajo del promedio de España, que se sitúa en el 25,7% tras bajar una décima–.

"Ya entonces decíamos que había que ser muy prudentes y no tener ningún tipo de triunfalismo", recuerda el director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Galicia, Xosé Cuns, que, a falta de examinar los microdatos del análisis y compararlos con otras fuentes especializadas, habla de un "desarrollo de cristal" tan "precario" y "débil" que "en cuanto vengan dificultades, dejemos de crecer económicamente o haya reducción de fondos públicos" para las prestaciones sociales, se quebrará en "problemas graves".

La razón es que buena parte de la población vive sobre el alambre y una pequeña variación en el contexto socioeconómico puede empujarla a la pobreza y la exclusión. Y son circunstancias que "siguen estando ahí", avisa Cuns, destacando la inflación y, por encima de todo, el "problema brutal" del acceso a la vivienda. Aprietos que no solo hostigan a los márgenes de la sociedad, sino que se van extendiendo hacia su centro mismo. "La situación no solo afecta ya a personas en pobreza, sino a rentas medias y bajas", explica, recordando que, el año pasado, "el 36% de la población que vivía en alquiler en Galicia estaba en riesgo de pobreza", una tasa que "ha aumentado a nivel estatal" y, por lo tanto, "casi seguro que también" en la comunidad.

Porque, si se observan los datos, puede constatarse que la renta media por persona ha subido en Galicia desde los 14.558 euros hasta los 15.467 euros, y si se calcula por hogar, de los 36.925 a los 34.892 euros –la parte concreta de los ingresos se refiere del año natural anterior a la entrevista: 2023 y 2024 en este caso–. 

Pero ese promedio tiene algo de trampa: yendo a los deciles que dividen a la población en diez grupos según el nivel de ingresos, se atisba un ensanchamiento de la desigualdad, toda vez que aumenta la gente que pertenece al primer, segundo y cuarto grupo con menos ganancias al mismo tiempo que crecen en especial los que forman parte del segmento más acaudalado: del 6,8% al 8,7%. Los extremos se engrosan.

Toque de atención para las administraciones

"Hay varias dogmas que intentamos combatir desde hace años, y uno es el que el empleo es la mejor solución contra la pobreza", incide Cuns. Trabajar, en muchos casos, no es suficiente para salir de pobre. Los hogares damnificados por la falta de trabajo apenas muestran variaciones decimales en los últimos años. "Tampoco llega con el crecimiento del PIB si no va acompañado de medidas de redistribución de la riqueza y de apoyo en servicios sociales, al empleo, a la vivienda...", añade.

Es decir, que esta tendencia negativa puede entenderse como un toque de atención para que Gobierno, Xunta y ayuntamientos no aflojen en la inversión en el escudo social, más aún ante la perspectiva de un futuro que "no se adivina precisamente positivo".

En este sentido, el director de EAPN Galicia indica que ya el año pasado se percibía "una cierta ralentización" en algunas medidas implantadas a raíz de la pandemia de covid y que "eso podía pasar factura", sobre todo a la parte "más frágil" de la sociedad. Al respecto, la fundación Foessa y Cáritas revelaban la semana pasada que el ingreso mínimo vital solo llega al 51% de las personas en pobreza severa en Galicia y que la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) ha reducido su cobertura a la mitad, pasando del 0,94% al 0,50% de la población. 

Y en un contexto donde la revalorización de las pensiones es objeto de debate político, Cuns recalca la importancia de estas prestaciones para "erradicar" la pobreza en una comunidad marcada por el envejecimiento. "Las pensiones de jubilación permiten reducirla en casi en 60 puntos en las personas mayores, pero es que también sirven para recortarla en casi 9 puntos en sus hijos, nietos...", abunda. "Cuando nos preguntan cuál es la mejor fórmula para combatir la pobreza, siempre decimos lo mismo: darle dinero a las personas en pobreza".

El beneficio de dar papeles a los inmigrantes

Otra clave, señala Cuns, es la actuación respecto de la población inmigrante, cuya llegada considera "una inyección directa de riqueza, de bienestar en empresas, de creación de empleo y de cotizaciones sociales". 

Por ello, sostiene que el decreto aprobado por el Gobierno para permitir la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles es "un éxito de la sociedad civil" porque "cuanto antes puedan trabajar, cotizar a la Seguridad Social, cobrar salarios decentes, empezar a pagar impuestos y empezar a ejercer ciudadanía", antes se notará su efecto "enormemente positivo para la economía en general y para la reducción de la pobreza".

En buena medida porque "las tasas de pobreza de población migrante, mientras no se regulariza, son enormes".

Carencias severas 

La Encuesta de Condiciones de Vida muestra que aumentan en Galicia quienes no pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días –el 5,5% de los habitantes, 1,6 puntos más, lo que se traduce en alrededor de 150.000 personas–; no se pueden permitir vacaciones (el 37,1%); no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (29,5%) o no pueden permitirse un automóvil (4,6%), un ordenador (6,4%) o cambiar los muebles viejos (24%).

También los que no pueden pagar a tiempo gastos relacionados con la vivienda principal –como la hipoteca o alquiler, los recibos de gas, la comunidad...– o en compras a plazos en los últimos 12 meses (8,5%).