La Xunta acude al Consello Consultivo para buscar la gestión de los permisos de trabajo
La Xunta buscará el traspaso de las competencias para tramitar los permisos de trabajo de ciudadanos extranjeros siguiendo un camino semejante al utilizado con la gestión del litoral. Es decir, que buscará apoyarse en un informe del Consello Consultivo de Galicia para constatar las "posibilidades legais" que tiene para asumir asuntos como las autorizaciones iniciales para que una persona foránea pueda trabajar en la comunidad, los permisos para trabajos de temporada y los de amplia estancia por motivos de estudios o de formación.
El Consello da Xunta aprobó este lunes la formalización de esta petición al supremo órgano consultivo de las administraciones públicas gallegas, el mismo que, en julio de 2022, avaló en otro informe que Galicia pudiera ejercer las competencias en materia de ordenación del litoral sin necesidad de reformar el Estatuto de autonomía, un criterio que terminaría respaldando después el Tribunal Constitucional.
Según explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, el objetivo es "mellorar e axilizar" la gestión de estas autorizaciones de trabajo, "especialmente" en puestos de empleo y sectores "de urxente cobertura", dijo en alusión a la falta de mano de obra en la agricultura, la construcción, el turismo o el ámbito sociosanitario, campos "claves". Asimismo, vinculó esta decisión a las medidas pensadas para tratar de atajar la despoblación de ciertas zonas del rural y a la eficacia de las políticas diseñadas para el regreso de gallegos en la diáspora, como la Estratexia Retorna.
Para defender la legitimidad de la solicitud que se prevé plantear al Gobierno gallego, Rueda aludió a que Cataluña ya tiene transferida esta competencia y Euskadi está en trámites para ello. De ahí la intención de acudir al Consello Consultivo un informe para certificar si esta transferencia encaja en el ordenamiento autonómico y jurídico de Galicia como paso necesario para avanzar en la reclamación oficial.
El Gobierno gallego pedirá más competencias
Siguiendo la línea de lo anunciado en el Debate del Estado de la Autonomía, Rueda avanzó que la intención de su gabinete es seguir demandando al Ejecutivo estatal la asunción de más competencias "que poidan mellorar a vida da xente" y que, además, "poidan ser mellor xestionadas desde o ámbito autonómico".
Entre otras, indicó que se negociará "a xestión compartida" de las alertas meteorológicas, se exigirá "a coxestión do Ingreso Mínimo Vital" y se insistirá "no rescate e transferencia da AP-9".
Galicia exige tener voz en el plan social para el clima
Después de que a finales de febrero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico iniciara con una consulta pública previa la tramitación del Plan Social para el Clima –destinado a consumidores y microempresas vulnerables, contará con 9.000 millones entre 2026 y 2032 para rehabilitación energética de viviendas, calefacción y refrigeración sin emisiones, y movilidad sostenible y asequible–, la Xunta recalcó que las comunidades deberán tener participación y gestión activa de estos fondos, el 75% de ellos procedentes de fondos europeos.
Al respecto, Rueda lamentó que el departamento que encabeza Sara Aagesen no pusiera en conocimiento de las autonomías "o borrador dun documento de tal relevancia para o conxunto do Estado" y recalcó que estas deben tener voz a la hora de identificar "as medidas e investimentos máis axeitados" para desarrollar en sus territorios. De hecho, subrayó que es una de las premisas fundamentales esgrimidas por la propia Unión Europea en su impulso de un fondo social para el clima en cada Estado miembro, a presentar antes del próximo 30 de junio, recordó.
Por lo pronto, el mandatario gallego afirmó que la Moncloa debería aplicar "os mesmos criterios de distribución dos fondos" que Bruselas, entre ellos algunos de especial incidencia en Galicia como la dispersión poblacional, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, la proporción de población en riesgo de pobreza energética, los ingresos medios de los hogares, a tasa de pobreza y desempleo o el impacto esperado del nuevo sistema de régimen de derechos de emisión para sectores de transporte por carretera y edificios.
¿Qué puede financiar este Plan Social para el Clima?
Enmarcado en el pacto verde europeo, la meta de este Plan Social para el Clima es favorecer la transición energética justa para los sectores más vulnerables de la sociedad, de ahí la posibilidad de implantar ayudas temporales y directas a la renta ideadas para que se reduzca la dependencia del combustible fósil en vehículos, hogares y empresas, sobre todo los autónomos y las microempresas.
Para ello, entre otros, se podrán financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de los edificios, para la descarbonización de calefacción y refrigeración; para el almacenamiento de energía renovables a través de comunidades ciudadanas o los sistemas de autoconsumo.
En la movilidad, puede apoyar iniciativas de transporte público, compraventa de vehículos de emisiones cero o bajas emisiones o infraestructuras de recarga de coches eléctricos, así como campañas informativas y de concienciación.