La Xunta augura "a parálise" del plan de choque de la dependencia por el conflicto en el Constitucional
El Gobierno central vuelve a llevar a la Xunta ante el Tribunal Constitucional (TC) para dirimir un nuevo conflicto competencial. Como ya avanzó este diario, este martes finalizaba el plazo que el Consejo de Ministros tenía para autorizar la presentación de un recurso. Tras contar con dictámenes favorables de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado y después de que las negociaciones en el seno de la comisión bilateral a la que el Ministerio de Política Territorial invitó a la Xunta en marzo no permitiesen llegar a acuerdos en relación a todos los puntos de fricción, el Ejecutivo central impugna dos artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2025, como explicó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Lo hace después de salvar las discrepancias en torno a otros cinco preceptos, con lo que el Gobierno destacó que "más del 70% de la controversia" se solventó con diálogo y acuerdo.
Pero lo cierto es que la impugnación de los dos artículos de la discordia es significativa. Y es que el Gobierno pide al Constitucional que se pronuncie sobre el artículo 45 de la ley de medidas fiscales, que es una de las claves de bóveda del plan de choque que la Xunta puso en marcha en enero para agilizar la tramitación de los expedientes de la dependencia y que, hasta agosto permitió resolver 56.174 casos.
El Ministerio de Seguridad Social no concuerda con que la Xunta permita que una persona que inicie el procedimiento de reconocimiento de la dependencia pueda demandar en la misma solicitud que se le reconozca un grado de discapacidad. Para agilizar estos trámites clave para acceder a una prestación o servicio, la Consellería de Política Social homologó el grado I de dependencia con una discapacidad del 33%, el grado II con la certificación del 66% y el grado III —el de los dependientes severos— con una discapacidad del 100%.
Este último precepto choca con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que el Gobierno envió al Congreso para su tramitación, que prevén que aquellas personas a las que se asigne un grado II o III de dependencia tengan reconocida de forma automática una discapacidad del 65%, lo que en el caso de los dependientes severos implica un acceso a ayudas más reducidas que con el sistema autonómico.
Este martes, el Gobierno justificó la impugnación indicando que la Xunta "pretende entrar a regular con una perspectiva simplificadora la discapacidad y la dependencia" en su régimen económico, cuando la competencia es estatal.
La Xunta asume que el recurso "vai provocar paralizacións" en la tramitación de la dependencia
Aunque todavía falta que se materialice la presentación del recurso ante el TC y que este último decida sobre su admisión a trámite, la Xunta ya lo asume. "Loxicamente, isto vai afectar á tramitación da dependencia e da discapacidade cando hai moita xente esperando en Galicia e que estaba sendo atendida de maneira moito máis áxil nos últimos meses", lamentó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. "Dende logo que vai provocar paralizacións", auguró ante los medios.
El de San Sadurniño indicó que el plan de choque permitió que, desde enero, 9.300 personas a las que se reconoció un grado III de dependencia lograsen en el mismo acto el certificado del 100% de discapacidad. Calvo tachó de "chocante" la decisión del Gobierno, al entender que "copiou" parte de la norma gallega en su última reforma legal.
"En todo caso, supón unha parálise do plan de choque estaba dando bos resultados", recriminó, sin dejar pasar la ocasión para reclamar los 2.500 millones que la Xunta exige al Estado para financiar la dependencia.
La reducción de los molino, "torpedeada"
El otro artículo de la ley de acompañamiento sobre el que deberá pronunciarse el TC es el 30, que afecta al sector eólico. Además de cuestionar que la Xunta “pretenda establecer la aplicación directa” de una directiva europea que habilita a los estados para eliminar la evaluación de impacto ambiental en algún supuesto, y que el Gobierno gallego pueda ostentar la capacidad de “zonificar” los usos del territorio, el Ejecutivo central pretende tumbar las repotenciaciones obligatorias de molinos llegados al fin de su vida útil. El conselleiro de Presidencia afeó que se "torpedee" una medida para reducir el impacto visual de los parques.
Diego Calvo, que avanzó que la Xunta dará la batalla en el TC como hizo en otras ocasiones logrando "a razón" como sucedió con la ley del litoral en 2024, criticó que el Estado se oponga a que los promotores de renovables contribuyan a reducir los costes de la energía de vecinos e industrias locales.
