La Xunta concederá avales del 20% de la hipoteca a compradores de pisos protegidos
La Xunta ampliará a partir de marzo sus apoyos financieros a la compra de vivienda, que ahora pivotan sobre el Aval Mozo, una garantía a través de la cual el Gobierno gallego cubre hasta el 20% de la hipoteca concedida para la adquisición de un apartamento a menores de 36 años. Según avanzó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, el requisito de la edad se suprimirá para "os adquirentes de vivenda protexida", a los que se allanará por esta vía el acceso al crédito, pues la banca no suele financiar más del 80% del valor del piso.
María Martínez Allegue compareció este martes a petición propia en la Cámara autonómica para exponer las líneas maestras de su departamento ante la crisis habitacional.
En este marco, reiteró que "o reto da lexislatura" es duplicar el parque público hasta alcanzar los 8.000 pisos al término de la legislatura y habilitar suelo para facilitar la construcción de 25.000 apartamentos, 20.000 de ellos protegidos y otros 5.000 en régimen libre. Las actuaciones, dijo, se focalizarán especialmente "nas grandes cidades", que copan el grueso de la demanda.
En este marco, la pontevedresa anunció que su departamento "avalará o 20% do préstamo hipotecario para calquera compra de vivenda protexida sen límite de idade". Este incentivo, dijo, será "compatible" con las ayudas a la adquisición, que pueden alcanzar los 20.000 euros para menores de 36 años.
En su balance de los 300 días de "xestión" del Gobierno de Alfonso Rueda, la conselleira incidió en el trabajo "intenso, eficiente e rigoroso" desarrollado, con uno de sus pilares en la "axilización e desburocratización" para aumentar el parque de pisos protegidos. Como logros de su área de responsabilidad, destacó que hay "máis de 200 millóns xa licitados" para edificar 2.082 viviendas de promoción pública, de las cuales 832 obras ya están licitadas, adjudicadas o en ejecución, en tanto que otros 982 pisos tienen el proyecto licitado y 268 están "a piques" de tenerlo.
Además, Allegue pidió al Gobierno central que "escoite ás comunidades", que ostentan las competencias en la materia, y "abandone a confrontación". "Somos os que mellor coñecemento temos das medidas que están a funcionar", aseveró, para luego reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez "orzamentos suficientes" para desplegar medidas como el bono de alquiler para los jóvenes y los nuevos avales anunciados desde la Moncloa respecto a los que, censuró, "nada sabe" la Xunta, que también demanda información sobre el nuevo Plan Estatal de Vivenda.
Pese a la falta de recursos y comunicación, avanzó que la consellería convocará este mes el Bono Alugueiro Mocidade con 11,4 millones transferidos por el Gobierno central, una dotación "insuficiente" al ser "a metade" que en la anterior convocatoria.
Para aumentar la bolsa de alquiler, la conselleira incidió en la necesidad de proporcionar "seguridade xurídica" a los propietarios, convencida de que "non funciona nin a prohibición nin o intervencionismo".
El BNG advierte: "Aínda que dean avais, os mozos no poden pagar"
Frente a la panoplia de medidas desplegadas por la conselleira, la diputada del BNG Alexandra Fernández cargó contra "o fracaso" del Aval Mozo y tachó de "reseso" el anuncio. Advirtió a la Xunta que "aínda que lles dean" garantías para contratar una hipoteca, los jóvenes "non poden pagar os prezos actuais da vivenda". Como prueba del "fracaso", señaló que de los 5 millones anunciados para el Aval Mozo en 2023 se repartieron 1,8 millones al no llegar a 100 los solicitantes. Retó a Allegue a aclarar "que vai facer para reducir a brecha entre os salarios" y los precios del mercado inmobiliario.
El PSdeG carga contra la baja ejecución de los fondos
Desde las bancadas socialistas, Carlos López Font denunció que en 15 años de gobierno del PPdeG "deixaron sen executar 270 millóns en políticas de vivenda" y afeó los 20 pisos protegidos levantados "entre 2015 e 2019" bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo.
De su lado, la popular María Deza arremetió contra el Gobierno central por no defender a los propietarios frente a los okupas.

